El máximo intérprete de la Constitución ordenó detener todas las pesquisas contra Dina Boluarte hasta el fin de su mandato, blindándola de los casos Rolex y muertes en protestas, lo que desata un nuevo choque político en el país.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda competencial presentada por el Ejecutivo y ordenó suspender de inmediato todas las investigaciones fiscales y judiciales contra la presidenta Dina Boluarte hasta el final de su mandato, en julio de 2026.
La resolución, que genera un impacto político de gran magnitud, se sustenta en la interpretación del artículo 117 de la Constitución, que limita los supuestos en los que un jefe de Estado en funciones puede ser acusado: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso fuera de lo permitido y bloquear organismos electorales.
Con ello, las pesquisas vinculadas al caso Rolex y a las muertes ocurridas durante las protestas sociales quedarán en suspenso. El TC dejó claro que no se trata de un archivo definitivo, sino de una paralización que permitirá retomarlas al culminar el actual gobierno.
El Ejecutivo había alegado que la continuidad de las investigaciones ponía en riesgo la estabilidad política y el normal desarrollo de la gestión presidencial. Con este fallo, el TC refuerza la inmunidad de la mandataria y redefine los límites de acción del Ministerio Público y del Poder Judicial.
La medida, sin embargo, abre un intenso debate sobre el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas de la más alta autoridad del país, en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana y la crisis de legitimidad del gobierno.
