Una sofisticada estructura sostiene las operaciones de la flota pesquera china frente a las costas de Sudamérica, afectando recursos marinos, economías locales y soberanía nacional. El uso de reefers, buques tanque y empresas offshore ha permitido evadir controles durante años.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) protagonizada por embarcaciones chinas frente a Sudamérica sigue en expansión. En las últimas semanas, pescadores ecuatorianos denunciaron la presencia de decenas de barcos chinos en los límites de la zona económica exclusiva (ZEE) de Galápagos. Si bien no ingresan a aguas jurisdiccionales, sus actividades no están reguladas ni fiscalizadas, lo que genera riesgos ambientales, desplaza a pescadores artesanales y dificulta el manejo sostenible de especies como el calamar gigante.
Según un informe de C4ADS, el 69% de los buques calamareros operativos entre 2021 y 2024 están vinculados a flotas con historial de ilícitos y abusos laborales. Esto es posible gracias a una red transnacional de apoyo logístico: buques frigoríficos (reefers), buques tanque (tankers) y bases flotantes (FOBs) permiten operar meses en altamar sin contacto con puerto. En tierra, agentes portuarios y empresas locales facilitan documentación y abastecimiento. Perú, Ecuador y Uruguay aparecen como puntos críticos por falta de fiscalización.
Empresas como Agental Perú y el puerto de Montevideo han sido señalados como enlaces claves de esta estructura. En el caso uruguayo, el buque Zhen Fa 7 —sancionado por EE.UU. por trabajo forzoso— utilizó esa base hasta junio de 2025, pese a su historial. A esto se suman compañías chinas como Wei Fong Shipping y Zhoushan Ningtai Ocean Fishery, vinculadas a embarcaciones con denuncias por condiciones laborales abusivas y pesca ilegal.
El caso del Fu Yuan Yu Leng 999, detenido en 2017 en Galápagos con 500 toneladas de pesca, incluidos tiburones protegidos, evidencia los riesgos de esta red. Las recientes alertas en Ecuador reflejan que el problema persiste y exige una respuesta coordinada entre los Estados ribereños para fortalecer los controles marítimos y los mecanismos legales internacionales.
