La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, abrió una investigación preliminar contra Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) —entidad encargada de su evaluación y que recientemente votó a favor del retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación—, en un caso que también involucra al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y al secretario de la comisión especial, Manuel Balladares.
La Carpeta Fiscal 242-2025 señala como presunto delito de negociación incompatible el hecho de no haber descalificado a Ríos del proceso de selección, pese a tener una sentencia por violencia psicológica en el ámbito civil. La fiscal también imputa usurpación de funciones a Balladares por no haber activado mecanismos de exclusión del candidato.
Espinoza sustenta su acción en una interpretación del estándar de “idoneidad moral” para ocupar cargos públicos, afirmando que “la Comisión no podía ignorar sentencias civiles que describen hechos graves como maltrato psicológico persistente hacia la cónyuge e hijos menores”.
El caso genera alta controversia por la evidente colisión de intereses: la fiscal investiga a los mismos funcionarios que han cuestionado su permanencia en el cargo.
- Cabe recordar que Josué Gutiérrez argumentó que el pedido de tacha contra Ríos se presentó fuera del cronograma y que impedir su postulación habría vulnerado su derecho a la rehabilitación, sustentándose en artículos del Código Penal, de Ejecución Penal y la Constitución.
- En paralelo, la JNJ inició un procedimiento administrativo contra Espinoza, luego de que esta desacatara la resolución que reponía a Benavides, logrando incluso una nueva suspensión con apoyo judicial, pese a precedentes contrarios.
- El caso pone en el centro del debate la autonomía de las instituciones del sistema de justicia, los estándares éticos para cargos públicos y el uso del poder fiscal en contextos de aparente conflicto de interés.
