El líder de APP ya recorre el país con miras al 2026, pese a que aún ostenta el cargo de gobernador regional. Especialistas advierten una grave vulneración de la neutralidad política y electoral.
César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP) y actual gobernador regional de La Libertad, ha comenzado a desplegar actividades proselitistas con claras intenciones presidenciales, sin haber renunciado aún a su cargo. Su aparición reciente en Piura, acompañado de una portátil, banderas partidarias y figuras de su agrupación política, encendió las alertas sobre el uso de recursos públicos para beneficio personal y electoral.
Las imágenes de su visita, difundidas por sus propias redes sociales, muestran un despliegue de propaganda política en eventos oficiales, disfrazados de actividades de gestión. Uno de los ejemplos más evidentes es el anuncio de la construcción del nuevo Hospital Belén en Trujillo, una obra pública que ha sido utilizada como vitrina política. A ello se suma la presencia del ministro de Salud, César Vásquez, militante de APP, quien también acompaña a Acuña en eventos partidarios pese a su obligación de mantener imparcialidad como funcionario del Ejecutivo.
El especialista electoral José Tello recordó que si Acuña desea postular a las Elecciones Generales de 2026, debe dejar el cargo como máximo el 13 de octubre de este año. En ese caso, lo reemplazaría la vicegobernadora Joana Cabrera, también de APP. Sin embargo, la trayectoria reciente del gobernador regional ha estado plagada de ausencias: ha estado fuera de su despacho por más de 128 días, 85 de ellos por licencias sin goce de haber.
Para el politólogo Alejandro Mejía (UNMSM), lo ocurrido es una violación directa de los principios electorales y del Código de Ética de la Función Pública. “Lo de Acuña vulnera claramente las reglas de neutralidad. Se está usando simbología partidaria en actividades oficiales, y eso es propaganda. No solo él, también el ministro de Salud incurre en lo mismo”, declaró a La República. Mejía también advirtió la responsabilidad compartida del Consejo de Ministros y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por no fiscalizar con firmeza este tipo de actos, normalizando una práctica que ya ha sido utilizada por otras autoridades, como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
A medida que se acerca la contienda electoral, casos como el de Acuña demuestran que el uso político del Estado sigue siendo moneda corriente, sin control efectivo ni sanciones claras. El mensaje es evidente: en Perú, aún se hace campaña con fondos públicos, mientras la institucionalidad electoral mira hacia otro lado.
