Empresas quieren evadir sus responsabilidades. Acudieron al Poder Judicial para no pagar.
En un contexto donde el Estado peruano arrastra un déficit fiscal histórico, las casas de apuestas deportivas han lanzado una ofensiva judicial para evadir el pago de S/ 280 millones en impuestos. ¿Su estrategia? Aprovechar vacíos normativos, sentencias favorables y una norma mal redactada, el Decreto Legislativo 1644, que permite a las compañías extranjeras trasladar el impuesto al usuario mientras obliga a las locales a asumirlo. El resultado: una competencia desleal y la amenaza de que el fisco pierda millones en plena crisis.
Lejos de reconocer el costo social que generan—con miles de personas atrapadas en la ludopatía, la depresión y el endeudamiento—estas empresas insisten en blindar sus utilidades a cualquier precio. En vez de asumir sus obligaciones tributarias, han optado por acciones de amparo y demandas de inconstitucionalidad, alegando que el ISC incluso grava los bonos promocionales que entregan a los jugadores. Mientras tanto, el Estado financia, con recursos públicos, la atención a los estragos que ellas mismas provocan.
La solución está sobre la mesa: la promulgación de una autógrafa que modifica la Ley 31557 y cierra los vacíos legales. Esta reforma no solo asegura que se graven correctamente las apuestas deportivas, sino que además promueve el autoempleo formal para más de 500 mil bodegueros, les otorga nuevos ingresos y fortalece la fiscalización del Mincetur. También tipifica como delito el amaño de partidos, en línea con lo exigido por FIFA y Conmebol.
Las casas de apuestas están ganando tiempo. Pero mientras tanto, el Estado sigue perdiendo recursos. Y la sociedad, salud. Urge que el Poder Ejecutivo promulgue ya la reforma legal y ponga fin al abuso de un negocio que ha crecido al margen de toda responsabilidad.
