Mientras miles de peruanos sobreviven con lo mínimo, la presidenta disfruta de una tarjeta exclusiva para gastos alimentarios sin sustento documentario. Todo en medio de su histórica desaprobación.
La presidenta Dina Boluarte vuelve a estar en el centro del escándalo. Esta vez por recibir una asignación adicional de S/5,000 mensuales mediante una tarjeta corporativa destinada a gastos de alimentación personal y familiar, según fuentes del Ejecutivo. El privilegio, otorgado en silencio y sin rendición detallada de cuentas, se suma a su reciente aumento de sueldo a S/35,568, mientras el Perú enfrenta una crisis económica y un rechazo ciudadano que ya bordea el 95%.
La tarjeta —según se informó— puede utilizarse en supermercados, restaurantes y servicios de catering, bajo el marco de los llamados “gastos de representación”, pero no exige sustento documentado sobre el uso real de los fondos.
El beneficio fue aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sin ningún anuncio público, a través de dispositivos internos. Aunque este tipo de asignaciones existen en otras instituciones del Estado, el contexto lo cambia todo: una mandataria sin legitimidad política, con escándalos abiertos, y en plena etapa de ajustes fiscales.
“No se trata solo de legalidad, se trata de decencia”, señaló un exfuncionario de la Contraloría General. “¿Con qué cara se asignan estos fondos cuando el resto del país está pidiendo austeridad, servicios básicos y atención en salud?”.
Por ahora, el Gobierno ha optado por el silencio. Sin embargo, algunos voceros del Ejecutivo han justificado el beneficio señalando que es “necesario para garantizar el normal funcionamiento de las actividades institucionales de la presidencia”.
Pero en la calle, la indignación crece. Y mientras Dina Boluarte cena en restaurantes con tarjeta estatal, millones de peruanos siguen contando el pan del día.
