El Estado peruano respalda el contrato de concesión del proyecto de la PTAR Chincha, que beneficiará a más de 345 000 pobladores.
En el marco de una política nacional orientada a mejorar el acceso a servicios básicos, el Gobierno del Perú ha aprobado el Decreto Supremo N.° 135-2025-EF, mediante el cual se otorgan seguridades y garantías jurídicas para el proyecto “Tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso, provincia de Chincha, Ica, Perú”.
Esta medida permite respaldar las declaraciones, seguridades y obligaciones asumidas por el Estado, representado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), como concedente del proyecto. El objetivo es brindar seguridad jurídica a la empresa concesionaria AQUALIA PTAR CHINCHA S.A.C., encargada de ejecutar y operar la infraestructura.
Es importante destacar que el contrato de seguridades y garantías no implica un aval financiero directo, sino un respaldo legal a los compromisos asumidos por el Estado en el contrato de concesión, a fin de brindar confianza al inversionista y promover la ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de las condiciones acordadas.
Esta figura está prevista en la normativa vigente como un mecanismo legítimo y transparente para proteger inversiones estratégicas, especialmente en sectores sensibles como el de saneamiento e infraestructura básica.
Como se recuerda, el proyecto se ejecutará mediante la modalidad de Asociación Público Privada y fue adjudicado formalmente en enero de 2025, tras un riguroso análisis técnico, legal y financiero. La inversión se realizará en un plazo de 24 años: 4 corresponden al diseño, financiamiento y construcción, y 20 a la operación y mantenimiento
El proyecto está valorizado en más de US$ 96,5 millones y beneficiará a 345 000 pobladores de la región al reducir significativamente la contaminación y mejorar la salud pública, así como promover prácticas sostenibles de gestión del recurso hídrico.
