La Comisión de Fiscalización exige explicaciones técnicas y legales por el incremento de la remuneración presidencial en medio de la crisis económica.
La Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado con carácter de urgencia al ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, y al presidente ejecutivo de Servir, Guillermo Valdivieso Payva, para que acudan este viernes 4 de julio a las 10 de la mañana. El motivo: explicar los fundamentos del aumento de sueldo aprobado para la presidenta Dina Boluarte, cuya remuneración mensual asciende ahora a S/ 35 568.
La citación, oficializada mediante los oficios N° 1402 y N° 1403-2024-2025-CFC-CR, busca esclarecer los criterios técnicos, legales y presupuestales detrás de esta controvertida decisión administrativa. La medida fue anunciada por el propio titular del MEF durante la conferencia del Consejo de Ministros el pasado miércoles, generando críticas por su inoportunidad en un contexto de desaceleración económica, desigualdad y restricciones fiscales.
“Resulta necesario transparentar los elementos que justifican este reajuste, en momentos en que el país atraviesa serias dificultades económicas y millones de peruanos apenas logran cubrir sus necesidades básicas”, se señala en el documento remitido al ministro Pérez Reyes.
En el caso de Servir, el Congreso demanda explicar el sustento técnico del acuerdo de su Directorio que habría dado pie al incremento, en el marco de la Ley del Servicio Civil y bajo los principios de equidad y sostenibilidad fiscal.
Según explicó el MEF, el aumento responde a una comparación de los ingresos de mandatarios en 12 países de América Latina, ajustada por paridad de poder adquisitivo y la jerarquía del cargo. “Se ha proyectado el sueldo tomando como referencia los ingresos de ministros y viceministros, bajo la lógica de que la presidenta debe ganar más que estos funcionarios”, argumentó Pérez Reyes.
Sin embargo, esta justificación no ha calmado las aguas. Para muchos, el incremento salarial de Boluarte no solo es éticamente cuestionable, sino políticamente insostenible, en un país golpeado por la inflación, el desempleo y el colapso de servicios básicos. La sesión de este viernes podría marcar un nuevo punto de tensión entre el Congreso y el Ejecutivo.
