Terminó el operativo del municipio en el asentamiento Señor de los Milagros. Vecinos denuncian arbitrariedad y abandono.
La Municipalidad de Surco ejecutó el desalojo y demolición de las viviendas de 12 familias en el asentamiento humano Señor de los Milagros, en la intersección con la avenida Petit Thouars, para construir un parque. La intervención, realizada en la madrugada del viernes 20 de junio, ha dejado a niños, ancianos y personas con discapacidad expuestos en plena vía pública, entre escombros y pertenencias.
Aunque la comuna asegura que se trata de un terreno público registrado como área verde, los moradores denuncian que el procedimiento fue arbitrario, violento y sin solución alguna para los damnificados. “Nos reubicaron aquí hace 35 años con engaños, nunca nos dijeron que este terreno era para un parque”, aseguran. Según relatan, llegaron a acuerdos con Cofopri y pagaron arbitrios hasta el 2001, año en que los pagos fueron suspendidos por orden municipal.
Videos grabados durante el desalojo muestran escenas de forcejeo, gritos y desesperación. “A mi tío lo han ahorcado. A nosotros, que somos menores, nos han empujado. Tenemos video”, denunció una vecina.
Desde la Municipalidad de Surco, el subgerente de Fiscalización defendió el operativo y negó que se tratara de un desalojo. “Es una medida correctiva de demolición sobre un terreno inscrito como espacio público, por lo tanto, inalienable e imprescriptible”, declaró. El funcionario aseguró que el procedimiento se inició en abril, con un plazo de 30 días para el retiro voluntario, seguido de una ampliación de siete días más, vencida el lunes anterior.
Pero los vecinos cuentan otra historia. Aseguran que nunca se les ofreció diálogo, reubicación ni ayuda social, y que ni el alcalde ni sus funcionarios quisieron recibirlos para buscar una salida negociada. “Nos ignoran, nos botan, como si no fuéramos ciudadanos. Nos piden que nos vayamos, pero ¿a dónde? No tenemos a dónde ir”, reclamó uno de los afectados.
La situación pone en evidencia el abandono social de los gobiernos locales y el desprecio por la vida de los más vulnerables, mientras se priorizan proyectos estéticos sin planificación ni humanidad. Las familias exigen intervención de la Defensoría, el Poder Judicial y los medios, para frenar lo que denuncian como una injusticia impune avalada por el poder municipal.
