El máximo tribunal dejó claro que no tolerará más maniobras jurídicas para frenar el proceso contra Leopoldo Múnera. La advertencia incluye multas por intentos de entorpecimiento.
El ambiente jurídico en torno a la Universidad Nacional de Colombia volvió a tensarse. Esta vez, por cuenta de un pronunciamiento contundente del Consejo de Estado, que advirtió con sanciones a quienes continúen dilatando el proceso de nulidad contra la designación del rector Leopoldo Múnera Ruiz.
La nota, recogida desde Diario El Noticiero (Perú), pone la lupa sobre una crisis institucional en el país vecino que ya tiene serias repercusiones académicas y políticas. La tensión no es nueva, pero el mensaje del alto tribunal marca un quiebre: no se tolerarán más acciones dilatorias en este proceso que ha estado marcado por tutelas, recursos impertinentes y disputas de legitimidad.
En un auto fechado el 12 de junio, la Sección Quinta del Consejo de Estado no solo rechazó el recurso de reposición presentado por el Consejo Superior Universitario, sino que negó también un pedido para acumular el caso con el del profesor José Ismael Peña. La resolución advierte que toda nueva maniobra jurídica que no corresponda estrictamente al curso legal será sancionada con multas que van de cinco a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.
“Advertir a todos los sujetos procesales, que la presentación de peticiones impertinentes, así como la interposición de recursos y nulidades improcedentes serán considerados como formas de dilatar el proceso y se sancionarán”, señala tajantemente el auto, apelando al artículo 295 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
La reacción política no tardó en llegar. El profesor Diego Alejandro Torres, representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario, criticó públicamente lo que consideró una estrategia jurídica obstruccionista por parte de los miembros del Consejo Superior y de la actual rectoría. “Tenemos dos caminos: el de instrumentalizar la academia para fines personalistas y hasta políticos, o el de respetar el ordenamiento jurídico y pensar una universidad académica y que llene de orgullo a nuestra nación”, afirmó en redes sociales.
El Consejo de Estado busca restablecer el ritmo del proceso, en medio de una controversia donde lo jurídico se mezcla con lo político. La disputa por la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia ha dejado de ser un asunto administrativo: ahora impacta directamente en la gobernabilidad universitaria, en el calendario académico y en las decisiones presupuestales. Todo esto, en un ambiente de fuerte polarización interna y creciente presión social.
La advertencia del alto tribunal es clara. Quien insista en usar el litigio como herramienta de obstrucción se enfrentará a sanciones. El proceso seguirá su curso legal, y por ahora, el reloj judicial no se detendrá más.
