La Fiscalía detuvo a seis personas y busca a otras dos por integrar una presunta red criminal que lucraba con fondos del programa alimentario. Entre los allanados figura Michael Burga Farro, hijo del recordado Nilo Burga.
Un nuevo escándalo de corrupción sacude al país. Esta vez, el foco está en el programa social Qali Warma, donde el Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, ejecutó un megaoperativo que terminó con seis personas detenidas y el allanamiento de 16 inmuebles en Lima y otras regiones. Todo apunta a una red criminal que operaba dentro del aparato estatal y empresarial para manipular procesos, alterar informes técnicos y omitir irregularidades sanitarias a cambio de dinero.
La intervención fue liderada por el fiscal Reynaldo Abia, de la Novena Fiscalía Anticorrupción, y se ejecutó de forma simultánea en distritos de Lima Metropolitana, Trujillo, Cajamarca, Huaura, Chimbote y Loreto. Entre los detenidos están Edgar Capani y Miguel Ángel Rosales. También fue intervenida la vivienda de Michael Burga Farro, gerente general de Frigoinca e hijo del fallecido empresario Nilo Burga Malca, figura reconocida en el sector.
Burga no ha sido detenido, pero su vivienda fue allanada y, según la fiscalía, viene colaborando con las investigaciones. El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la detención de ocho personas y la intervención de 18 inmuebles en total, lo que evidencia la magnitud del caso.
Según declaraciones del fiscal Abia recogidas por diversos medios, la organización criminal estaba conformada por empresarios y funcionarios públicos que, lejos de proteger los recursos destinados a alimentar a miles de niños, los utilizaron para beneficio propio. “Manipularon procesos de selección, alteraron informes técnicos y omitieron irregularidades sanitarias”, explicó Abia. “Hay que cuidar todavía la reserva del caso, pero estamos en la tercera fase de la investigación. El Poder Judicial nos ha dado 15 días para profundizar las diligencias”, añadió.
Este nuevo golpe a la corrupción muestra que ni siquiera los programas sociales están a salvo del saqueo organizado por mafias que operan con total impunidad entre el sector público y privado. Lo más indignante: el dinero robado iba destinado a alimentar a niños de zonas vulnerables.
La investigación sigue en curso y se esperan más detenciones. Por ahora, el país vuelve a confirmar lo que muchos temen: la podredumbre del sistema sigue intacta.
