Sunat incauta más de 436 toneladas de productos mineros e insumos químicos en una zona convertida en bastión de la minería ilegal. Es la cuarta vez en menos de un año que intervienen el mismo territorio.
La minería ilegal en el sur del país sigue operando con impunidad. Esta vez, un nuevo megaoperativo realizado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en las provincias de Nasca (Ica) y Lucanas (Ayacucho) dejó al descubierto el descontrol absoluto: 438,6 toneladas de mineral y productos químicos incautados, seis plantas no inscritas en ningún registro legal y explosivos almacenados sin autorización.
La intervención se ejecutó en 15 establecimientos que procesaban mineral al margen de la ley. Se incautaron 377,1 toneladas de mineral polimetálico y de cobre que eran tratadas sin documentos que acreditaran su origen ni autorización para su procesamiento. A esto se suman 61,5 toneladas de óxido de calcio, un insumo químico controlado por el Estado, que también era manejado sin registro alguno.
El operativo también alcanzó una compleja red de infraestructura: 4 plantas de beneficio, 10 socavones, 10 molinos, 13 motores diésel, 8 generadores eléctricos, 8 rotomartillos, 5 motobombas y 5 tanques pulmón de aire. Además, se desactivaron 10 pozas de cianuración y 10 de sedimentación, donde se usaba cianuro para el procesamiento artesanal del oro. El riesgo ambiental es tan alto como el nivel de ilegalidad.
Desde enero, la Sunat ha ejecutado más de 100 intervenciones similares y ha revisado 146.000 vehículos de carga en regiones mineras como Trujillo, Chala, Palpa, Pisco, Barranca, Piura y Áncash. En lo que va de 2025, ya se han decomisado 10.000 toneladas de mineral aurífero y no aurífero, además de 400 toneladas de insumos químicos. Las cifras confirman que la minería ilegal opera a escala industrial.
Pero lo más alarmante está en los números que no se ven. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre 2022 y 2025 se detectaron movimientos financieros sospechosos por más de 2.804 millones de dólares, de los cuales al menos 2.248 millones estarían directamente vinculados a minería ilegal. Estas operaciones se ejecutan fuera del sistema bancario formal y estarían asociadas a redes que evaden impuestos, contaminan sin control y explotan mano de obra en condiciones precarias.
El primer ministro, Eduardo Arana, presentó esta información ante el Congreso con base en 161 reportes de inteligencia financiera. Pero lo cierto es que la estructura paralela ya venía operando desde hace más de una década. Solo entre 2012 y 2022 se rastrearon más de 3.900 transacciones irregulares por un valor estimado de 18.478 millones de dólares, una economía ilegal en pleno crecimiento.
El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) no descarta que las cifras oficiales se queden cortas. Su vicepresidente, Juan Carlos Ortiz, advirtió que muchas operaciones nunca llegan a los registros porque se hacen completamente fuera del sistema. Además del oro, el cobre ha comenzado a aparecer con mayor frecuencia en estas actividades ilícitas, empujado por la creciente demanda internacional.
La pregunta que queda es la misma de siempre: ¿cuántas veces más tendrán que intervenir Nasca y Lucanas antes de que el Estado recupere el control?
