La creciente ola de extorsiones que golpea a distintas regiones del país se ha convertido en un factor clave en la profundización de la crisis económica. Cada vez más empresas y negocios formales se ven obligados a cerrar sus puertas ante las amenazas, cobros ilegales y actos violentos perpetrados por redes delictivas.
Este clima de inseguridad está provocando un alarmante incremento de la informalidad. Las calles se llenan de comerciantes informales que, ante la falta de protección y oportunidades, optan por operar sin garantías legales ni condiciones de seguridad. El tejido empresarial formal se debilita, y con ello, el empleo y la recaudación fiscal.
“La ciudadanía ya no denuncia, ha perdido la confianza en las instituciones”, afirman diversos líderes vecinales y empresariales, señalando la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades. La sensación de abandono y el miedo creciente impiden que las víctimas denuncien los hechos, generando un círculo vicioso que fortalece a las mafias y debilita el estado de derecho.
Expertos advierten que, si no se toman medidas urgentes y coordinadas, la economía nacional seguirá resquebrajándose desde sus bases, alimentando un entorno cada vez más hostil para la inversión, el desarrollo empresarial y la seguridad ciudadana.
