El fiscal del caso Lava Jato denuncia presiones políticas y judiciales para deslegitimar el acuerdo que permitió encarcelar a los corruptos del poder.
El fiscal José Domingo Pérez volvió a encender las alarmas. Esta vez, acusó abiertamente al Congreso de la República y a la propia Fiscalía de la Nación de intentar boicotear el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, el mismo que permitió destapar la red de corrupción más grande que ha visto el país.
“Recordemos que el Congreso ha aprobado una comisión para investigar el acuerdo. Y además, la Fiscalía ha admitido denuncias de abogados de los investigados que buscan deslegitimar el convenio con Odebrecht”, declaró Pérez en RPP, visiblemente indignado.
El mensaje no pudo ser más claro: desde dentro del Estado se estaría impulsando una ofensiva para destruir las bases legales del caso Lava Jato. Y no es coincidencia. El fiscal advierte que estas maniobras políticas y judiciales configuran un escenario hostil que busca enterrar el trabajo de años, desacreditar pruebas válidas y desactivar investigaciones que comprometen a nombres poderosos del país.
Pero la arremetida no solo es local. Pérez también mencionó que la cooperación judicial con Brasil ya se encuentra suspendida, y que esta nueva ofensiva interna solo agrava el panorama.
Pese a todo, el fiscal reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción. Aseguró que el Ministerio Público seguirá defendiendo las pruebas obtenidas, las acusaciones en curso y las que aún están por venir. “Se trata de proteger el esfuerzo institucional en la lucha contra la corrupción”, sentenció.
¿El Estado protegiendo a los corruptos? El pacto con Odebrecht fue polémico, pero también fue útil. Y ahora, hay quienes quieren hacerlo desaparecer.
