Reforma de extinción de dominio abre la puerta al retorno de millones incautados por delitos aún sin sentencia firme.
Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y actualmente prófugo de la justicia, podría recuperar más de 1.6 millones de soles incautados en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, gracias a la reciente ley promulgada por Dina Boluarte que modifica la Ley de Extinción de Dominio. Lo mismo ocurriría con Alejandro Toledo, condenado a más de 20 años de prisión, quien podría reclamar la devolución de ocho inmuebles. Ambos casos son solo ejemplos de cómo esta norma favorece a investigados por delitos graves, si no tienen condena firme.
El abogado penalista Mario Amoretti calificó esta ley como un escándalo legal que solo beneficia a corruptos y criminales, pues excluye de su aplicación delitos como lavado de activos, tráfico de tierras, y corrupción de funcionarios. “Es increíble, inaudito e inadmisible que el Congreso y el Ejecutivo estén legislando para proteger delincuentes”, declaró con dureza.
Según el penalista Andy Carrión, la norma blindaría incluso a investigados prófugos como Cerrón: “El Estado no puede extinguir bienes sin sentencia firme, aunque existan evidencias contundentes”. La reforma exige ahora sentencia definitiva, salvo en casos como narcotráfico o secuestro.

Esta nueva legislación, bajo la apariencia de proteger derechos, desmonta años de avances en la lucha contra el crimen organizado. Y mientras los políticos corruptos celebran, los fiscales se ven atados de manos y el país pierde uno de sus principales instrumentos para recuperar dinero robado al Estado.