Josué Gutiérrez calificó la norma como inconstitucional, pidió al Poder Judicial aplicar control difuso y denunció la inacción del Estado frente al abandono y la vulnerabilidad infantil.
La reciente promulgación de la Ley 32330 —que permite procesar penalmente como adultos a adolescentes de 16 y 17 años— ha encendido las alarmas en la Defensoría del Pueblo. Su titular, Josué Gutiérrez, no solo denunció la inconstitucionalidad de la norma, sino que también lanzó duras críticas al Estado y, en especial, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), al que acusó de “no hacer nada” por proteger a la niñez y adolescencia del país.
“La norma colisiona con la Constitución y con tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que tienen jerarquía superior. Esta ley convierte al Perú en un paria jurídico frente a la comunidad internacional”, afirmó el defensor del Pueblo en una entrevista con RPP, mientras urgía al Tribunal Constitucional a pronunciarse de forma inmediata.
Pero su pronunciamiento fue más allá. Gutiérrez se mostró a favor de que los jueces ejerzan el control difuso, es decir, que inapliquen esta ley por ir contra la Carta Magna y los tratados vigentes. Según señaló, “hay una colisión normativa evidente”, y los magistrados deben priorizar el interés superior del niño por encima del punitivismo legislativo.
En ese contexto, la crítica más dura cayó sobre el MIMP. El defensor fue claro: “El ente rector para proteger a los niños y adolescentes no ha hecho nada. Solo actúan cuando ya hay víctimas. ¿Y la prevención? No existe. El abandono es absoluto”. Gutiérrez subrayó que el Estado ha incumplido sistemáticamente con su deber de garantizar derechos, al no implementar políticas efectivas de protección y prevención.
“Hay niños sin partida de nacimiento, adolescentes abandonados, sin patria potestad. La única respuesta del Estado ha sido el castigo. Pero proteger no es castigar, es prevenir. Y en eso hemos fracasado”, sentenció.
Mientras tanto, el Congreso avanza sin freno en su cruzada punitiva, y los sectores más vulnerables siguen siendo los más golpeados por políticas improvisadas y populistas que buscan titulares, no soluciones.
