Una estructura criminal sin precedentes viene operando en la sierra liberteña. Se trata de “La Gran Alianza”, el nombre con el que autoridades y fuentes de inteligencia han bautizado a la organización conformada por cinco bandas criminales que, en lugar de enfrentarse, han decidido unir fuerzas para controlar el negocio multimillonario de la minería ilegal de oro en la provincia de Pataz.
Estas organizaciones —que antes protagonizaban sangrientas disputas territoriales— han encontrado en la colaboración delictiva una forma más rentable y violenta de operar. Su alianza ha permitido un dominio casi total sobre corredores mineros informales, maquinaria, comercialización del oro extraído y cobros extorsivos a trabajadores de la zona.
Según fuentes de la Policía Nacional, esta red actúa con niveles de organización similares a los de un cartel: cuentan con seguridad armada, financiamiento, contactos políticos y hasta “reglas internas” que evitan disputas entre sus miembros. Su presencia se ha incrementado en distritos como Parcoy, Pataz, Huayo y Buldibuyo, zonas ricas en yacimientos auríferos, pero ahora marcadas por el miedo.
En lo que va del año, más de 30 asesinatos relacionados con el control del oro han sido registrados en la zona, y cientos de mineros informales aseguran ser víctimas de extorsiones semanales. “El que no paga cupo, desaparece”, declaró bajo anonimato un trabajador de una bocamina.
La minería ilegal no solo afecta el orden público, sino también al medio ambiente. El uso indiscriminado de mercurio y otros químicos altamente contaminantes está dejando secuelas en los ríos Marañón y Huayabamba, poniendo en riesgo la salud de miles de familias aguas abajo.
El Gobierno ha anunciado la activación de operativos conjuntos entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. Sin embargo, los resultados son todavía limitados. Mientras tanto, “La Gran Alianza” continúa consolidando su poder, marcando una etapa crítica en la lucha contra el crimen organizado en el Perú.
