Dos agentes estarían enfrentados a bandas criminales por el control del oro en La Libertad.
El caso Pataz se hunde en una trama de corrupción, crimen organizado y oro manchado de sangre. A medida que avanza la investigación por el asesinato de 13 agentes de seguridad de la empresa R&R, en una mina de Minera Poderosa, las autoridades descubren una red mafiosa con conexiones dentro de la propia Policía Nacional del Perú.
Según un testigo clave, dos efectivos policiales en actividad —Gian Paul Bastidas Rodríguez y Franklin Pérez Vargas— estarían ligados a la empresa de los vigilantes asesinados y, además, envueltos en una violenta disputa por el control del oro ilegal con bandas como Los Pulpos, liderada por Jhonson Cruz Torres.
El hombre detrás de la masacre sería Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, actualmente prófugo en Colombia. La Fiscalía también apunta a Luis Alberto Chuquizuta Guerra, alias ‘Piscis’, como parte activa de la organización: se le acusa de haber robado el arma de una de las víctimas antes de su ejecución. Fue detenido en San Juan de Lurigancho con dos pistolas, una de ellas perteneciente a Juan Joel Ñaupari, uno de los vigilantes asesinados.
La podredumbre ha alcanzado al Estado. En Pataz, policías y mafias se enfrentan no por la ley, sino por el botín del oro ilegal. ¿Quién controla la minería: el Gobierno o el crimen?
