El posible incremento de más del 120% en el salario de la presidenta Dina Boluarte genera una ola de reacciones encontradas en el Congreso. Mientras unos ven justicia salarial, otros lo consideran un insulto al país en crisis.
Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha sacudido el escenario político peruano. La propuesta, solicitada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), plantea incrementar el sueldo de la presidenta Dina Boluarte de S/ 16,000 a S/ 35,568 mensuales, lo que representa un alza de más del 120%.
El análisis técnico y comparativo realizado por el MEF resalta que Perú está entre los países con menor remuneración presidencial en América Latina. Además, señala que Boluarte recibe un salario más bajo que otras autoridades peruanas, a pesar de ser la jefa de Estado.
Pero más allá de los números, la propuesta ha desatado un debate político encendido en el Congreso, evidenciando el abismo entre la narrativa técnica y la percepción social.
“Sería una cachetada a la pobreza”
El congresista Carlos Zeballos, sin bancada, expresó un rechazo frontal: “No es el momento para solicitarlo, menos para aprobarlo. La presidenta, además de su sueldo, recibe bonos, viáticos, y todas las comodidades de Palacio. Esto sería una cachetada a la pobreza”.
Zeballos también cuestionó la gestión presidencial en temas como la inseguridad ciudadana, y subrayó que un aumento salarial en este contexto sería “políticamente inviable”.
“Hay que proteger la figura presidencial”
En la otra orilla, la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, defendió la propuesta, afirmando que el foco debe estar en el cargo, no en la persona. “Más allá de quién sea el presidente, hay que proteger la figura presidencial. Y debe tener la remuneración más alta del Estado”.
Juárez incluso planteó un reajuste general para todas las jerarquías del aparato estatal, aunque aclaró que los congresistas no buscan un aumento.
¿Subida justa o golpe al bolsillo nacional?
El informe del MEF compara el sueldo presidencial con el de 12 países latinoamericanos, ubicando a Perú en el penúltimo lugar. Sin embargo, la discusión pública no gira solo en torno a comparaciones regionales, sino al sentido político y moral de una decisión como esta en medio de una crisis económica, inseguridad creciente y un gobierno con bajos índices de aprobación.
