Carlos Paredes, extitular del MTC y hermano del colaborador eficaz José Paredes, adquirió inmuebles valorizados en cientos de miles de dólares sin ser detectado inicialmente por la Fiscalía.
La Fiscalía investiga nuevos indicios de ocultamiento de patrimonio por parte de Carlos Paredes, exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Ollanta Humala. Según registros de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), Paredes habría adquirido una casa en el exclusivo balneario de Asia por 200 mil dólares, operación que no fue informada al fiscal Germán Juárez Atoche durante el caso «Club de la Construcción».
La propiedad, compuesta por dos lotes ubicados en una zona de playa, fue registrada mediante un contrato de cesión de usufructo el 8 de enero de 2013, en plena etapa de supuesta recepción de sobornos. Los pagos fueron realizados mediante cheques de gerencia, una modalidad que dificulta el rastreo del dinero.
Este inmueble no aparece en los documentos del expediente del caso, lo que levanta sospechas sobre un posible ocultamiento deliberado. La compra fue realizada junto a su esposa Milagros Fuentes-Rivera Gutiérrez, y coincide con un periodo de alto movimiento financiero de la familia Paredes.
Carlos Paredes no solo habría ocultado esta propiedad, sino que también adquirió un dúplex en Cerros de Camacho por US$ 580,000 y una casa de campo en Arequipa valorizada en US$ 1,2 millones. Además, su entorno empresarial habría comprado terrenos por más de US$ 2 millones en la misma región.
Su hermano, José Paredes, excompañero de Humala en la Escuela Militar y colaborador eficaz en el caso, confesó que los sobornos del «Club de la Construcción» superaban los US$ 17 millones. A cambio de su testimonio, fue liberado y se le permitió transferir bienes, entre ellos una casa de playa en Camaná adquirida en 2014.
A pesar de la magnitud de los indicios, muchas de estas propiedades no fueron inicialmente incluidas en las acciones fiscales. Solo en el caso de un terreno en Cerro Colorado, cuya adquisición coincidía con el periodo de coimas entregadas por constructoras como Graña y Montero, se aplicó una inhibición judicial aprobada por el juez John Pillaca.
Este mismo fiscal, Germán Juárez Atoche, también fue cuestionado por ocultar los términos del acuerdo de colaboración con Graña y Montero, revelado en exclusiva por EXPRESO. Dicho acuerdo otorgaba beneficios sin validar toda la información entregada por los empresarios José y Hernando Graña.
Las revelaciones apuntan a una trama de enriquecimiento ilícito, falta de control patrimonial y beneficios procesales que, hasta hoy, solo ha tocado superficialmente a los verdaderos responsables del millonario desfalco en obras públicas.
