Por Antero Flores-Araoz
En el Congreso de la República se vienen tratando varios proyectos de ley, mediante los cuales, aunque con algunas diferencias o modalidades, pretenden modificar la Ley Universitaria N° 30220. Los proyectos en cuestión se fusionan dentro de un mismo dictamen con texto sustitutorio para su debate.
En los proyectos aludidos se pretende que exista una sola modalidad para ingreso a las universidades, sean ellas públicas o privadas. La única forma a la que nos referimos es la denominada “Ciclo Cero”, con lo cual quedarán para la Historia las modalidades que hasta ahora se empleaban, a discreción de cada universidad, como podrían ser el examen de ingreso para todos los postulantes, el ingreso directo y sin examen de los estudiantes que al salir de la secundaria estuviesen en el quinto o en el tercio superior, según regulaciones de cada universidad, incluso las que admitían ingreso directo a algunos universitarios de calificaciones sobresaliente y para los demás examen de ingreso, e incluso ingreso directo para los egresados de algunas escuelas y colegios que hayan acreditado altísimo rendimiento.
El ciclo cero que se ordenaría para el ingreso universitario, de ser aprobadas las iniciativas legislativas a las que nos referimos, consistiría en aprobar prácticamente un ciclo preuniversitario, en la misma universidad o en escuelas o colegios calificados.
Los estudios preuniversitarios, que se convertirían en obligatorios, exigirían llevar nueve cursos, entre ellos habilidades y pensamiento científico, razonamiento verbal y matemático, Historia, Filosofía, Geopolítica, realidad nacional, y tres cursos más de especialidad.
Los alumnos postulantes sufragarían el costo del “Ciclo Cero”, en un porcentaje uniforme de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) sin tener en cuenta que el nivel de todos los profesores ni sus pergaminos son iguales, como tampoco es igual la infraestructura de cada universidad y la localidad de ubicación de los campus universitarios, lo que significa que cada universidad tiene costos diferentes en sus actividades. Como las clases serían abiertas al público, tendrías a los estudiantes que pagan y a los participantes sin intención de postulación, sin pago alguno, esto es con corona.
Como “cereza en torta”, se propone que las universidades puedan hacer consultorías, proyectos de inversión, perfiles y expedientes técnicos para participar en contrataciones del Estado, sea por licitación o cualquier modalidad permitida por la normativa sobre la materia, aunque con olvido de las responsabilidades legales, la contratación de seguros de responsabilidad civil y similares. En buen romance, es crear un sistema paralelo y de competencia desleal con las consultorías privadas que pagan sus impuestos y asumen responsabilidades. Quizás esta pretensión sea el verdadero motivo de las iniciativas legislativas a las que nos referimos, por más adornos que le pongan, pero no hay que olvidar el antiguo aforismo de que “la mona, aunque se vista de seda, mona se queda”. Nuestra Constitución en su artículo 18 determina que “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno, académico, administrativo y económico”, autonomía que con este tipo de leyes que se pretende aprobar, se viola infinidad de veces, sin vergüenza ni pudor alguno aunque con mucho desparpajo. Esto tiene que terminar y a los proyectos de “Ciclo Cero” hay que ponerles cero de nota, que puede ser menos pero nunca más.
