Grupos vinculados al crimen organizado difunden mensajes de odio y amenazas de muerte contra ciudadanos venezolanos, tras el asesinato de varios choferes en Lima. Las autoridades advierten que el trasfondo es una disputa por el control de la extorsión.
La violencia sigue escalando en Lima. Esta vez, grupos relacionados con barras bravas y organizaciones criminales han lanzado amenazas abiertas contra ciudadanos venezolanos, a quienes acusan de estar detrás de recientes asesinatos de conductores de transporte público. Los mensajes han sido difundidos por redes sociales y audios de WhatsApp, desatando el pánico en distritos como San Martín de Porres (SMP) y el Callao.
«Vamos a comenzar a eliminar venezolanos, culpables e inocentes. Así como ellos matan a los nuestros, haremos lo mismo», se escucha en uno de los audios que circula por internet. Incluso se lanzan advertencias contra colegios donde estudian niños migrantes, lo que ha alarmado a familias y vecinos.
Según los mensajes, los responsables serían simpatizantes de las barras bravas del club Sport Boys del Callao, quienes exigen acción inmediata de las autoridades. De no haber respuesta, advierten que iniciarán una “limpieza” en zonas como Castilla, Barracones, La Perla Baja, Porongo y Barrio 5.
A esta ola se han sumado presuntos delincuentes en San Martín de Porres, quienes también amenazan con represalias violentas. Algunas cuentas en redes sociales han instalado abiertamente para atacar a migrantes, generando un ambiente de miedo y tensión.
Los hechos se producen tras asesinatos de choferes en vías como las avenidas Faucett y Venezuela, lo que ha indignado a sectores ligados al transporte informal y al crimen organizado, que buscan consolidar su control territorial.
Extorsión y disputa criminal
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, explicó que esta escalada responde a una pugna por el control de la extorsión. «Hay grupos que extorsionan y otros que ofrecen protección a los mismos extorsionados. Pero en el fondo, ambos son parte del mismo sistema criminal», señaló.
Valdés advirtió que cerca de cinco millones de personas en el Perú han sido víctimas directas o indirectas de extorsión, y que más del 75% de las empresas de transporte sufren amenazas constantemente.
Mientras tanto, el Congreso ha instalado una mesa de trabajo con representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y los sectores del Interior y Defensa. Sin embargo, los ciudadanos reclaman acciones inmediatas.
