Reafirman su compromiso con la lucha contra el crimen organizado, proponiendo mejoras en la Ley de Extinción de Dominio para garantizar el respeto a la propiedad privada y el debido proceso, sin afectar a los emprendedores que impulsan el desarrollo del país.
La Coalición por la Seguridad Ciudadana reitera su firme compromiso con la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, destacando la importancia de erradicar los delitos que debilitan las instituciones del país, afectan la confianza de los ciudadanos y repercuten negativamente en la economía, así como en la inversión privada.
En este contexto, la Coalición subraya la necesidad de fortalecer la Ley de Extinción de Dominio para asegurar que esta siga siendo una herramienta eficaz en la recuperación de bienes y patrimonios de origen delictivo, sin poner en riesgo la seguridad jurídica ni vulnerar derechos fundamentales. El respeto al debido proceso, la propiedad privada y los derechos de los emprendedores es clave para la estabilidad económica y el desarrollo social del Perú.
Es esencial que la ley establezca criterios claros para distinguir entre bienes de origen criminal y aquellos adquiridos lícitamente. La presunción de buena fe de los terceros debe ser reconocida, y el error técnico en el uso de los términos «reserva» y «secreto» de la investigación debe ser corregido para garantizar una defensa justa y efectiva. Además, es crucial que se asegure el adecuado mantenimiento de los bienes sujetos a incautación, evitando daños innecesarios durante el proceso.
Sin embargo, la Coalición expresa su preocupación sobre el Texto Sustitutorio del Dictamen del Proyecto de Ley N° 3577/2022-CR, el cual no contempla estas necesarias modificaciones. De hecho, este texto podría desvirtuar el proceso de extinción de dominio al eliminar su carácter autónomo e independiente, lo que generaría incertidumbre y afectaría negativamente al sector empresarial.
Por ello, se exhorta al Congreso de la República a reconsiderar el Texto Sustitutorio aprobado en primera votación, e incorporar las correcciones necesarias para que la Ley de Extinción de Dominio continúe siendo una herramienta eficiente en la lucha contra el crimen organizado, mientras se garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos y la seguridad jurídica.
