El Comité de Protección del Medio Marino de la OMI avanza en las negociaciones para reducir las emisiones de gei de los buques. América Latina podría convertirse en un hub estratégico para la inversión en energías renovables y nuevos puestos de trabajo
América Latina tiene una oportunidad histórica para atraer inversiones en energías renovables a través de la recaudación de un Impuesto al Carbono en el Transporte Marítimo, medida que la Organización Marítima Internacional (OMI) de las Naciones Unidas busca definir en abril y que podría generar hasta 60.000 millones de dólares anuales para financiar la transición energética en países en desarrollo. Gracias al potencial de su sector energético, América Latina podría convertirse en un epicentro de producción de hidrógeno verde, impulsando la modernización portuaria y el abastecimiento de una nueva flota marítima con menor consumo de combustibles fósiles.
Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMI es la autoridad mundial encargada de establecer normas para la seguridad, la protección y el comportamiento ambiental que ha de observarse en el transporte marítimo internacional. Su función principal es establecer un marco normativo para el sector del transporte marítimo que sea justo y eficaz, y que se adopte y aplique en el plano internacional. En este marco es que se vienen dando las sesiones de trabajo para reducir las emisiones de GEI -Gases de Efecto Invernadero- que culminará con las votaciones que se estarán llevando a cabo en Londres entre el 7 y el 11 de abril en la Sesión 83.
La transición del transporte marítimo a energías renovables podría generar hasta
4 millones de nuevos empleos para 2050, principalmente en el Sur Global. Países como Chile, Colombia y Perú ya avanzan en planes de hidrógeno verde, y con los ingresos del impuesto, estos proyectos podrían escalar rápidamente, consolidando a América Latina como un hub estratégico para la energía limpia y la logística marítima sostenible.
La última ronda de negociaciones de la OMI, celebrada del 17 al 21 de febrero, registró el mayor apoyo histórico a un impuesto al carbono (61 países), incluyendo países latinoamericanos y la industria. México y Dominica respaldaron la política por primera vez, uniéndose a Panamá, Jamaica, Bahamas y Belice, que ya se han sumado. La OMI ultimará los detalles clave de la futura política (precio, alcance y distribución de ingresos) en las dos próximas rondas de negociaciones, del 31 de marzo al 4 de abril y del 7 al 11 de abril, en la cumbre de Londres.
Tania Miranda, Directora del Programa de Medio Ambiente y Cambio Climático del Instituto de las Américas, dijo: “Todos los países miembros de la OMI, incluyendo los latinoamericanos, acordaron por consenso en 2023 descarbonizar la industria para mitad de siglo, y que para ello es necesario imponer un precio global a las emisiones de carbono del transporte marítimo. Ahora, tienen la oportunidad de diseñar esta política de una manera que beneficie a nuestras comunidades e industrias. Esta medida impulsaría la inversión en proyectos de energía renovable en toda América Latina, y los futuros ingresos de un impuesto podrían ayudar a que nuestros puertos y cadenas de suministro sean más resilientes al cambio climático. Está en el interés de los gobiernos de toda la región, participar de manera activa y constructiva en las conversaciones de la OMI para lograr que se adopte una medida ambiciosa y equitativa en abril de este año”.
Más de 45 países ya apoyan esta medida, que además de atraer inversiones y generar empleo, permitiría reducir las emisiones del transporte marítimo y posicionar a la región como un actor clave en la economía del futuro. En la próxima votación de la OMI, América Latina tiene la oportunidad de liderar el cambio y negociar los beneficios económicos de la transición energética.
