Por Antero Flores-Araoz
Antiquísimo refrán señala que “quién no la debe no la teme” y, ésa referencia en esta breve columna se debe a los intentos de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), constituidas bajo la forma jurídica de asociaciones o de fundaciones, que tratan que en el Congreso de la República no sea aprobada la iniciativa legislativa para ampliar las funciones, facultades y atribuciones de la Agencia Peruana de Cooperación (APCI), organismo público adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Al dicho de que “quién no la debe no la teme”, podríamos agregar otro que señala “para que tanto salto si el suelo está parejo”, muy aplicable a las gestiones que algunas ONGs realizan, como hemos dicho, para que sea rechazado el proyecto de ley a ser debatido y votado en el Congreso.
En realidad, el proyecto de ley para que el Estado, a través de APCI, fiscalice a las Organizaciones No Gubernamentales que reciben fondos y bienes del exterior, tiene su razón de ser, puesto que lamentablemente la fiscalización que hasta ahora realiza APCI es incompleta, esto es insuficiente y ello, porque le fue quitada una de sus principales competencias.
En efecto, cuando se creó la APCI fue para fiscalizar recursos y bienes que provenían del exterior destinados a ONGs así como la finalidad de aquellos. Sin embargo, no se podía fiscalizar si tales donaciones se empleaban realmente en el fin teórico u oficial para el que se habían entregado.
Ante las sospechas y también indicios, de que había ONGs que recibían las donaciones para un fin determinado, lo empleaban en otro u otros fines diferentes e, incluso muchas veces sus supuestos gastos de administración eran sumamente abultados y desproporcionados, o no necesariamente empleados en su funcionamiento, hacen muchos años en el Parlamento se aprobó complementar las atribuciones de APCI, para que pudiese fiscalizar si los fondos y bienes recibidos del exterior por las ONGs, eran empleados verdaderamente para sus finalidades programadas o se utilizaban en otros destinos.
La ley a la que nos referimos fue expulsada de nuestro ordenamiento legal por sentencia del Tribunal Constitucional, por lo que ahora el actual Congreso, con toda legitimidad y acierto, tiene la pretensión de que APCI complemente su fiscalización a lo que realmente realizan las ONGs que reciben recursos y bienes del exterior.
Por supuesto que las sospechas de manejos inadecuados no son por todas las ONG. No se puede criticar a todas las ONGs, pues en esta Villa del Señor hay de todo, como en efecto existen ONGs muy serias, cumplidoras de sus objetivos y finalidades y, sumamente austeras, además de mu prolijas en su rendición de cuentas a los donantes.
Esperemos que el Congreso esté a la altura de sus funciones y, sin más dilaciones, otorgue a APCI las herramientas legales para una fiscalización seria, oportuna y completa de las Organizaciones No Gubernamentales a las que nos referimos y, no se deje manipular por aquellas ONGs que le temen a los controles. ¡Por algo será!
