Vladimiro Montesinos ha sorprendido con su presencia en TikTok desde prisión, planteando interrogantes legales sobre su acceso a redes sociales y la posible apología a sus crímenes.
La reciente aparición de Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial peruano condenado por secuestro, asesinato y corrupción, en la plataforma TikTok ha generado gran polémica. En sus videos, el reo parece insinuar un posible regreso a la política, lo que ha encendido el debate sobre si sus publicaciones constituyen apología a la violencia o exaltación del crimen.
El abogado penalista Fernando Ugaz explicó que, según el artículo 316 del Código Penal peruano, cualquier contenido que justifique crímenes como el asesinato, desaparición forzada y corrupción podría considerarse apología. Sin embargo, la legislación peruana no prohíbe explícitamente que personas condenadas tengan presencia en redes sociales, aunque sí advierte que dichas publicaciones no deben incurrir en delitos.
Montesinos, quien cumple condena hasta junio de 2026 en el penal de la Base Naval del Callao, no gestiona su cuenta directamente desde prisión. Estela Valdivia, su abogada, confirmó que el contenido publicado en TikTok es respaldado por él, pero gestionado por terceros en libertad, lo que no viola formalmente las normas penitenciarias.
Este caso también plantea dudas sobre el futuro político de Montesinos. Según la Constitución peruana y la Ley 30153, quienes cumplen condena por delitos graves y no han pagado su reparación civil están inhabilitados para postularse a cargos públicos. Montesinos aún debe una reparación civil de 500.000 dólares, lo que refuerza su inhabilitación.
El caso ha revivido el debate sobre la resocialización de los condenados y la libertad de expresión. Si bien la ley no contempla una “muerte civil” total, lo que permitiría a Montesinos recuperar sus derechos tras cumplir su condena, aún enfrenta otros procesos judiciales que podrían prolongar su tiempo en prisión. Este episodio resalta un vacío legal en la regulación de la actividad pública de personas condenadas, lo que podría generar confusión sobre la percepción de la justicia en el país.
