En Cuba se siguen violando las libertades religiosas en sus diversas expresiones. Es un error juzgar el clima de ejercicio de estos derechos solamente desde la perspectiva de las relaciones Iglesia-Estado.
En Cuba se produjeron en 2024 al menos 996 actos contra la libertad religiosa, un número superior al año precedente, lo que refleja un escenario inalterable de violaciones de los derechos religiosos de la ciudadanía, a pesar de la propaganda gubernamental.
“En Cuba se siguen violando las libertades religiosas en sus diversas expresiones. Es un error juzgar el clima de ejercicio de estos derechos solamente desde la perspectiva de las relaciones Iglesia-Estado. Incluso, desde ese limitado enfoque, en 2024 fue evidente que no pasaron por su mejor momento si tenemos en cuenta la indiferencia del régimen ante los reclamos de la Iglesia Católica local en favor de la liberación de los presos políticos, expresó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
La organización añadió que “tanto las limitaciones legales y burocráticas contra las iglesias independientes como el hostigamiento contra miembros suyos, repercuten en el ciudadano común que ve en las comunidades cristianas una mano solidaria en medio de tanta pobreza, especialmente después de los desastres causados por los huracanes”.
Entre las violaciones más frecuentes documentadas por el OCDH están el impedimento de asistencia a misas, las multas a líderes religiosos de iglesias no reconocidas por el Estado, el hostigamiento a cristianos con un compromiso cívico y la negación de asistencia religiosa a prisioneros políticos.
Particularmente, las iglesias cristianas independientes, no reconocidas por el Gobierno, y sin posibilidad de serlo, sufrieron acoso por parte de la Seguridad del Estado. Varios de sus líderes, en especial aquellos que desarrollan una labor social importante, fueron citados para estaciones de la policía, multados o amenazados con consecuencias legales más graves y confiscaciones.
Entre los casos documentados se encuentran los de dos pastores de localidades de la provincia Holguín (oriente de Cuba) que fueron amenazados por la policía y por funcionarios con la demolición de su local de culto y la confiscación de los bienes empleados en las celebraciones respectivamente.
En julio, el obispo evangélico Jorge Luis Pérez, del Ministerio Iglesia Pentecostal Rehobot y miembro de la Alianza de Cristianos de Cuba, fue visitado por la policía política para persuadirlo de que no realizara oficios religiosos durante los días 11 y 12 de julio.
Según fuentes del OCDH, en Cuba habrían más de 60 iglesias, ministerios o congregaciones cristianas sin reconocimiento legal, entre ellas: “Viento Recio” (Las Tunas), “Dios sacude a Cuba y a las Naciones”, “Emmanuel” (Santiago de Cuba), “Palabra de Fuego Bendición Sagrada” (Camagüey).
A varios presos políticos cristianos de diferentes denominaciones les fue negada la asistencia religiosa. En abril, este derecho fue negado a Oscar Sánchez Madan, miembro del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) en la penitenciaría de la provincia de Matanzas; y en septiembre, a un participante de las manifestaciones de Nuevitas, que se encuentra en la prisión de Kilo 8 en Camagüey.
En julio, la madre de un preso político del 11J de La Habana sufrió acoso y amenazas por parte de la policía política, tras haber participado en una misa.
Las Damas de Blanco, en especial su líder Berta Soler, fueron impedidas en frecuentes ocasiones de asistir a misa. Otro caso llamativo fue el de Gladis Capote Roque, quien el domingo 6 de octubre fue detenida por la policía a las 7:45 am cuando se disponía para asistir a la Iglesia. Estuvo retenida en un carro policial cerrado durante más de 4 horas.
En agosto, el sacerdote católico Kenny Fernández Delgado denunció que fue citado y amenazado por la Seguridad del Estado, debido a sus publicaciones en redes sociales, donde hizo un llamado a orar por «una solución de conflictos donde reine la paz y la justicia en Venezuela y en Cuba».
Continuó el hostigamiento contra los laicos católicos Dagoberto Valdés Hernández y Yoandy Izquierdo Toledo, ambos del Centro de Estudios Convivencia. Entre las diversas citaciones y amenazas documentadas, la más grave ocurrió el 30 de abril, después de las 21 horas, cuando fue detenido el auto en regresaban de La Habana a Pinar del Río luego de dar unas conferencias a sacerdotes, religiosas y religiosos. En plena noche, se desplegó un gran operativo policial, mediante el cual fueron conducidos a una estación donde fueron aislados e interrogados. La última citación de la policía política en 2024 contra ambos intelectuales fue el 14 de noviembre.
“Las religiones siguen bajo sospecha. La existencia de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista y de unidades especiales de la contrainteligencia para ‘tratar’ a líderes religiosos e infiltrar y vigilar a sus comunidades, no se corresponden con el proclamado carácter laico del Estado y menos con la pretendida imagen de tolerancia religiosa”, añadió el OCDH.
“El clima de limitaciones legales y de acoso, en especial contra los movimientos religiosos independientes afecta la labor social de estos, dado que les está negada la personalidad jurídica. Este no reconocimiento estatal supone problemas prácticos, por ejemplo, para abrir cuentas bancarias institucionales o contratar personal laboral”.
A inicios de 2025, Miguel Díaz-Canel se comprometió con la Santa Sede en liberar a 553 presos en virtud del Año Jubilar, pero el proceso, que ha carecido de transparencia y de condiciones justas, se encuentra en pausa al momento de redacción de este comunicado.
