Cada año, ONG y fundaciones administran S/ 1,880 millones, pero parte de estos fondos no responden a las prioridades del país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto en el ojo público el manejo de fondos por parte de organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones en Perú, las cuales administran aproximadamente S/ 1,880 millones anuales. Según César Jordán Palomino, director de Cooperación Internacional, el país recibe 500 millones de dólares en cooperación internacional, de los cuales 370 millones provienen de gobiernos extranjeros y 132 millones de fuentes privadas.
Durante la «Conferencia Fiscalización de las ONG: Hacia una gestión Transparente y Responsable», realizada en el Congreso de la República, Jordán Palomino señaló que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) supervisa únicamente a las ONG que reciben estos fondos, pero muchas otras organizaciones operan con beneficios tributarios sin estar debidamente reguladas.
El funcionario también reveló que, aunque las ONG presentan planes operativos y reportes sobre el uso de los fondos, no existe un control efectivo sobre si estas inversiones realmente responden a los intereses del desarrollo nacional y de los beneficiarios. Esta falta de alineación con las prioridades del Estado ha llevado a la Cancillería a identificar a 18 organizaciones que incumplen con la normativa vigente.
El problema radica en que, aunque el financiamiento ingresa legalmente al país, en muchos casos se destina a actividades que no necesariamente contribuyen a los objetivos estratégicos del Gobierno. Esto ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el impacto real de estos recursos.
Ante este escenario, se abre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y exigir mayor rendición de cuentas a las ONG que operan en el país, garantizando que la cooperación internacional sea utilizada de manera eficiente y en beneficio de la sociedad peruana.