El juez extiende plazo a fiscal en caso de periodistas acusados de lavado de activos, mientras se cuestiona una presunta criminalización de la labor periodística.
El juez Richard Concepción Carhuancho, conocido por su papel en casos mediáticos, vuelve a estar bajo el escrutinio público tras su reciente decisión en un proceso que involucra a los periodistas José Briceño y Rafael Romero, acusados de formar parte de una organización criminal de lavado de activos.
En una audiencia clave, el magistrado otorgó al fiscal Jorge Huidobro Caillupe un plazo de 30 días adicionales para corregir y adecuar su acusación, lo que aplaza el caso hasta el 14 de abril. Según el abogado Jimmy Benites, defensor de Romero, esta medida favorece al Ministerio Público, que lleva más de un año sin lograr sustentar su imputación de manera clara.
Acusaciones bajo la lupa
El caso ha levantado alarmas entre los defensores de la libertad de prensa, quienes señalan que la acusación tiene como trasfondo la publicación de investigaciones periodísticas que apuntaron a irregularidades en las indagaciones del clan Orellana, lideradas por la fiscal Marita Barreto.
“La acusación presentada carece de fundamentos sólidos y criminaliza el trabajo periodístico. Es evidente que se trata de un intento por silenciar a quienes investigan temas incómodos”, sostuvo Benites durante la audiencia.
Un juez en la controversia
No es la primera vez que Concepción Carhuancho enfrenta críticas por sus decisiones. Anteriormente, fue retirado del caso «Cocteles» y algunas de sus resoluciones en otros procesos fueron anuladas en instancias superiores. Su manejo en este caso ha generado dudas sobre su imparcialidad y manejo del debido proceso.
Extensión por «vacaciones»
Durante la audiencia, el fiscal Huidobro solicitó 60 días adicionales, argumentando que necesitaba tiempo por motivos de vacaciones. Sin embargo, el juez consideró injustificado este pedido y limitó la extensión a un mes.
La próxima audiencia, programada para abril, será crucial para determinar el rumbo del caso, que pone en jaque la relación entre el sistema judicial y la libertad de prensa en el Perú.
Con estos retrasos y decisiones cuestionadas, el caso sigue siendo un ejemplo del difícil balance entre la justicia y la protección de los derechos fundamentales de los periodistas.
