La discusión sobre justicia económica y social es crucial en un contexto donde las desigualdades se han acentuado. La infraestructura deficiente en sectores clave es reflejo de la necesidad de más reformas. Los sindicatos han sido fundamentales para poner en la agenda pública estos temas críticos. Sin embargo, sin cambios estructurales en la política fiscal, los avances serán limitados.
Más de 1.6 millones de estudiantes en Perú enfrentaron condiciones inadecuadas al inicio del año escolar 2024, según cifras del Minedu. Esta situación afectó a un 26% de los alumnos de colegios públicos, quienes tuvieron que adaptarse a infraestructuras deficientes y recursos limitados, y nada hace presagiar que, en 2025, la historia sea distinta.
El problema radicó en que, de los más de 55 mil locales escolares existentes en el país, 32 405 presentaban deficiencias significativas. Estas incluían riesgos estructurales que podrían llevar a la demolición, falta de acceso adecuado, servicios básicos insuficientes, mobiliario en mal estado y recursos tecnológicos inoperativos.
La situación en salud no es distinta. El Minsa ha revelado que el 94% de hospitales carece de la infraestructura necesaria para ofrecer servicios de calidad, según el Diagnóstico de Brechas de Infraestructura o Acceso a Servicios del Sector Salud 2023. La situación es alarmante, ya que, de los 232 hospitales evaluados, una gran parte enfrenta problemas de obsolescencia y falta de operatividad en sus equipos médicos.
Esta realidad pone en evidencia la necesidad urgente de mejorar las condiciones de infraestructura hospitalaria y educativa para garantizar una atención adecuada a la población, un espacio donde una mejor redistribución de ingresos, una nueva arquitectura fiscal y una mayor presión hacia quienes concentran la riqueza podría significar un antes y después para la sociedad, según Pedro Caro, representante sindical del ISP/Sinedian en Colombia.
Como parte de su participación en el foro ‘Justicia económica, social y climática’, organizado por Latindadd – Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Caro explicó que los movimientos sindicales han jugado un papel crucial en visibilizar estos problemas sociales y políticos en la región. Sin embargo, sin la aplicación de los principios constitucionales en materia fiscal, como la progresividad, equidad y eficiencia, no se podrá avanzar.
“La justifica fiscal es el espacio idóneo para encontrar y acceder a ingresos con el objetivo de generar mayores ingresos y derechos públicos”, destacó. El foro organizado por Latindadd reunió a diversos actores interesados en discutir y proponer soluciones a los desafíos económicos, sociales y climáticos que enfrenta la región.
Caro advierte que, a pesar de las normas existentes en el marco de las Naciones Unidas, sin una administración fortalecida y herramientas eficientes -en este caso, la Sunat para Perú-, será difícil materializar estos principios para garantizar el cumplimiento social de una carta política de derechos humanos.
Además, el especialista subraya la importancia de abordar el tema ambiental, mencionando impuestos verdes o leyes de financiamiento relacionadas con el carbono. Sin embargo, reconocen que aún no hay una conciencia global suficiente para emprender acciones que financien la mitigación de la crisis climática. La transición de la industria extractiva hacia modelos más sostenibles es un desafío complejo y costoso.
De esta manera, el movimiento de Latindadd propone varias medidas para mejorar la situación fiscal y social de América Latina: un acuerdo social por los derechos humanos, la profesionalización de los funcionarios de administraciones tributarias, una reforma del sistema tributario con énfasis en evitar el cambio climático, y la búsqueda de justicia fiscal y de derechos humanos.
“La tarea que tenemos los trabajadores es ayudar a hacer visibles estos problemas y contribuir a esta reforma fiscal”, sentenció Caro.
