El Índice Global del Hambre en Perú (IGH) permanece en 19.6 puntos, reflejando un estancamiento en la mejora de la seguridad alimentaria. La situación es particularmente grave en la sierra y la selva, con Apurímac en el borde de una condición alimentaria alarmante. La equidad y justicia de género aparecen como estrategias cruciales para fortalecer la seguridad alimentaria y la resiliencia climática.
La red Alliance2015, conformada por la Fundación Ayuda en Acción, Cesvi Fondazione Onlus, HELVETAS Swiss Intercooperation, y Welthungerhilfe, presentó el Índice Global del Hambre 2024 (IGH), revelando un diagnóstico crítico para Perú. Con un puntaje de 19.6 por segundo año consecutivo, el país continúa enfrentando su peor situación alimentaria desde 2008. La inflación de 2022, junto con la recesión e inestabilidad de 2023, han generado un deterioro económico y social, estancando el combate contra el hambre.
El informe muestra que 13 departamentos están en la escala de hambre moderada, y 10, principalmente de la sierra central y sur, y la selva norte, en situación grave. En Apurímac, el hambre grave se aproxima a niveles alarmantes. Tal como el año pasado solo dos departamentos tienen niveles bajos (Ica y Lambayeque).
En el caso de las áreas urbanas y rurales, se observa que aún no recuperan los niveles de seguridad alimentaria previos a la pandemia. En zonas urbanas, el índice aumentó de 14.3 puntos en 2019 a 18.9 en 2023, reflejando un deterioro constante. En las áreas rurales, aunque la situación se deterioró de forma constante entre 2019 y 2022, el 2023 registró una leve mejora, pasando de 22.2 puntos en 2022 a 20.8 en 2023, posiblemente debido a una recuperación en la producción tras eventos climáticos adversos.
“El incremento de hambre en zonas urbanas y la limitada recuperación en áreas rurales exponen las profundas desigualdades que enfrentan las poblaciones más vulnerables,” destacó Kaspar Schmidt, director de Helvetas y vocero de Alliance2015.
A nivel regional -desde la pandemia- Lima Metropolitana y la costa han experimentado los impactos alimentarios más críticos, superando los niveles de hambre históricamente altos de la región selva. En esta última, el IGH registró un leve incremento en comparación con el año pasado, reflejando un panorama que sigue siendo crítico. En la sierra, aunque hubo una ligera mejora respecto al año anterior, la situación alimentaria aún se mantiene en una escala grave.
En 2024, aunque las presiones inflacionarias han disminuido y la economía muestra signos de recuperación, la emergencia social y alimentaria persiste. Esta recuperación ocurre en un contexto de agotamiento de protecciones sociales, como los retiros de CTS y AFP, y sin mejoras en el empleo. Esto plantea importantes desafíos para lograr una estabilidad económica y social integral.
La justicia de género como clave para mejorar la seguridad alimentaria
El informe global subraya que las mujeres y niñas son quienes más sufren las consecuencias de la inseguridad alimentaria y las crisis climáticas, debido a los roles que desempeñan en la cadena de producción y distribución de alimentos en sus comunidades. Aunque en el caso de Perú el IGH sigue siendo más alto para los hombres, las mujeres, sin embargo, enfrentan una vulnerabilidad especial debido a la llamada “triple carga” que soportan (responsabilidades productivas, reproductivas y comunitarias) y limitan su acceso a recursos esenciales y las exponen de forma más aguda a la inseguridad alimentaria.
“Es fundamental que las políticas públicas aborden esta disparidad, pues solo asegurando la equidad de género podremos construir un sistema alimentario más resiliente y justo. Esta visión se centra en la redistribución equitativa de los recursos, que no solo protegería los derechos de las mujeres, sino que también aumentaría la capacidad de resiliencia de las familias ante eventos climáticos adversos”, agregó Susanna Daag, representante de Welthungerhilfe para Perú y Bolivia, y vocera de la red Alliance2015.
La participación de las mujeres en estos espacios garantiza que las políticas climáticas y alimentarias tomen en cuenta las necesidades específicas de los grupos más vulnerables y refuerzan la respuesta colectiva frente a la inseguridad alimentaria. En este sentido, la equidad en el acceso a la educación, la salud y el trabajo no remunerado son componentes cruciales para enfrentar la crisis alimentaria de manera efectiva.
Con el objetivo de Hambre Cero en 2030, el informe del IGH 2024 advierte que los desafíos para lograr esta meta se han intensificado. “Si bien el país se encuentra en una etapa de recuperación económica, el informe muestra que dicha mejora aún no se refleja en una seguridad alimentaria sostenida. Las proyecciones, que consideran escenarios de impacto leve, moderado y severo, apuntan a una ligera mejora en el IGH para este año, aunque insuficiente para revertir la situación”, subrayó Esperanza Rivera, directora de Programas de Ayuda en Acción Perú.
Para enfrentar esta crisis, el Perú necesita una respuesta integral y coordinada que involucre al Estado, el sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional. El IGH 2023 enfatiza que la justicia de género es clave para avanzar en la resiliencia climática y la seguridad alimentaria, y que la adopción de políticas que consideren el enfoque de derechos humanos y la equidad de género será esencial para alcanzar una solución a largo plazo en la lucha contra el hambre.
