Comuna miraflorina remarcó que, en octubre de este año, el propio Tribunal Constitucional ratificó las competencias municipales para fijar zonificaciones y alturas de edificaciones. La Defensoría del Pueblo, parte demandante en proceso, no pudo ratificar la cifra exacta sobre la supuesta suspensión de más de 400 proyectos de Vivienda de Interés Social.
La municipalidad de Miraflores expuso sus argumentos jurídicos-legales durante la audiencia realizada hoy en la sede del Tribunal Constitucional (TC), referida a la denuncia interpuesta por la Defensoría del Pueblo, con la cual busca defender, de forma polémica, el derecho de malas constructoras a construir viviendas de interés social sin respetar los parámetros urbanísticos y de alturas establecidas por nuestro distrito.
La defensa de la comuna miraflorina, liderada por el gerente de Asesoría Jurídica, Lino de la Barrera, y el constitucionalista Gerardo Eto Cruz, dejó claro que las medidas aplicadas por el municipio fueron conforme a la normativa edil y en respeto al debido proceso administrativo. Además, la dupla descartó la inconstitucionalidad de las acciones de la municipalidad de Miraflores.
“No hay que dejarse confundir. La cerrada defensa que la Defensoría está haciendo de la inversión de las empresas constructoras me hace poner en tela de juicio qué es lo que verdaderamente está defendiendo el defensor del Pueblo. Porque ellos hablan de los derechos de los que van a adquirir un inmueble, pero ¿acaso el derecho de los vecinos afectados por los proyectos no es defendible?”, remarcó De La Barrera.
Asimismo, Lino de la Barrera desbarató la tesis de que se haya afectado el derecho al trabajo del sector construcción. “Miraflores tiene nueve kilómetros cuadrados, el tamaño del aeropuerto Jorge Chávez, ¿cómo la paralización de un número pequeño de obras puede afectar el derecho de toda la Federación de Trabajadores de Construcción Civil? Todos los días se construye en Miraflores, proyectos de empresas que optaron por respetar los parámetros urbanísticos del distrito”, argumentó.
La defensa, además, confirmó ante los magistrados del TC que el Ministerio de Vivienda se demoró hasta dos años en responder al municipio miraflorino las diversas observaciones realizadas a 30 proyectos que no respetaban los parámetros para la construcción en Miraflores.
“En la práctica, este ministerio se tomó dos años en pronunciarse respecto a estos expedientes. En ese tiempo, el edificio ya se construyó, se independizó y se vendió. Cito un ejemplo, al año y ocho meses de realizada la observación, Vivienda nos respondió: Sí, tenías razón, ese informe técnico es nulo. Por eso, tuvimos que tomar acción, dentro del marco legal, para que no vuelva a ocurrir lo mismo”, acotó.
Por último, Lino de la Barrera reiteró que no se ha cometido alguna violación inconstitucional, sino que se ha ejercido el derecho a fiscalizar como lo ampara la Ley del Procedimiento Administrativo. “El derecho de terceros no solamente es del que compra un departamento, es de aquel que apostó vivir en Miraflores para tener una calidad de vida, y que ahora ya no la tiene, porque en el lugar donde vivía junto a diez familias, hoy tiene cerca un edificio con 270 departamentos. Eso ya no es calidad de vida”, puntualizó.
Defensoría sin pruebas
Durante la audiencia, la representante de la Defensoría del Pueblo, Elizabeth Zea, no pudo ratificar, con pruebas materiales, la cifra de la denuncia, inicialmente formulada por la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), respecto a la suspensión “arbitraria” de más de 400 proyectos de Vivienda de Interés Social. “Ante su pregunta, no tenemos el dato exacto”, acotó.
