Afirmó el fiscal Jorge Chávez Cotrina, quien responsabilizó al Poder Ejecutivo y Legislativo de dictar normas contradictorias que impiden luchar contra la inseguridad. Por su parte, Roberto De La Tore, presidente de la CCL, enfatizó que el país requiere de una política de Estado en seguridad ciudadana que trascienda a gobiernos.
“La criminalidad en el país es realmente grave, por ello si el Congreso de la República y Ejecutivo no toman las decisiones oportunas, el próximo año será una situación inmanejable”, sostuvo Jorge Chávez Cotrina, fiscal Superior Titular y coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.
Lo señalado fue una de las principales conclusiones del evento «Comprometidos por la seguridad ciudadana: enfrentando juntos los retos y desafíos”, que organizó la Cámara de Comercio de Lima (CCL) donde participaron representantes de diversos gremios y la sociedad civil con el fin de abordar soluciones frente al delicado problema de la criminalidad.
Jorge Chávez Cotrina responsabilizó al gobierno y al Congreso de presentar y aprobar normas contradictorias que no inciden contra la criminalidad, pues generan que los fiscales deban liberar a los delincuentes por no cumplir con lo estipulado en esas normas.
Fue enfático en mencionar que para luchar contra el crimen organizado es necesario fortalecer a la Policía Nacional (PNP) y otras instituciones.
“Si tenemos una Policía, Ministerio Público y Poder Judicial en quiebra, ¿cómo se puede luchar contra el crimen organizado?”, consultó a la audiencia tras destacar la necesidad de dotar a dichas instituciones mayor presupuesto, tecnología y personal especializado.
Más adelante, Roberto De La Tore, presidente de la CCL, subrayó la importancia de abordar la criminalidad en el país, flagelo que se ha ido desbordando en los últimos años.
“Hoy urge un trabajo articulado con todos los actores. Por ello, el país requiere una política de Estado en seguridad ciudadana que trascienda a gobiernos y que comprenda de estrategia integral”, enfatizó.
Propuestas CCL
En ese contexto, Roberto De La Tore presentó diversas propuestas normativas enfocadas a mejorar la operatividad del sistema de seguridad ciudadana y la articulación de las entidades públicas competentes, iniciativas que servirán para la elaboración de proyectos de ley que permitan enfrentar la inseguridad ciudadana.
Entre ellas, solicitó declarar en emergencia la Policía Nacional del Perú (PNP) con el fin de dotar de infraestructura, equipamiento, servicios y otros recursos logísticos prioritarios para luchar contra la criminalidad a nivel nacional.
Planteó la creación de una Comisión ad-hoc para la supervisión de las contrataciones directas y autorización del uso de Foncomun para fortalecer el sistema de seguridad.
Para resolver el déficit de personal policial de 50 000 efectivos, propuso la incorporación de agentes de inteligencia y de investigación con amplia experiencia y que se encuentran en situación de retiro.
También solicitó la creación del Sistema Integrado de Inteligencia en Seguridad Ciudadana entre las Fuerzas Armadas y la PNP enfocados al tema de extorsión, delito que a septiembre de este año ha registrado más de 15 000 casos, conforme cifras del INPE.
Así también, la aprobación del proyecto de ley sobre la implementación de Unidades de Flagrancia, el cual requiere un marco legal.
Añadió la necesidad de crear un Sistema Integrado de Información en Seguridad Ciudadana, con la participación de instituciones públicas y organismos adscritos al Ministerio de Defensa, a fin de concentrar la información estadística que sirva de insumo a la PNP.
A ello se suma, la creación del Sistema Integrado de Canales Digitales para el reporte de ocurrencias y denuncias policiales en el marco del Sistema Nacional de Transformación Digital y la creación del Sistema Nacional de Alerta Contra la Extorsión para emprendedores y micro y pequeñas empresas, como un sistema de alerta integrado y descentralizado a nivel nacional.
“Entre las medidas más puntuales también sería oportuno implementar la denuncia digital para agilizar este mecanismo”, comentó De La Tore.
En tanto, la Cámara Ferretera del Perú, presidido por Carlos Tarazona, solicitó al Congreso que gremios y organizaciones sean incluidos en el Consejo de Estado y Defensoría del Policía.
Respecto al hacinamiento en las cárceles del país, esta bordea el 140 % por la falta de infraestructura penitenciaria, según Federico Llaque, presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE.
Por su parte, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso de la República recogió las propuestas de los gremios y organizaciones de la sociedad civil destacando aspectos fundamentales para combatir la criminalidad, entre ellos: la institucionalidad y estabilidad de la PNP y del Ministerio del Interior, pues lamentó que, desde el 2021, dicha cartera haya tenido 13 ministros.
Así también, resaltó la importancia de desarrollar una unidad de estrategia y acciones sobre normativas a favor de la seguridad ciudadana, así como de mayor presupuesto tanto para la PNP y el Ministerio Público.
Eduardo Salhuana adelantó que estos temas serán tratados en la sesión del Consejo de Estado donde se abordará la problemática de inseguridad ciudadana, el cual está programada este 30 de octubre. “Pediremos al premier que se convoque al Consejo de Seguridad Nacional y amplié la participación la asociación civil, sector importante que debe ser escuchado, ya que es víctima de la criminalidad”, sostuvo.
Cabe anotar que la mesa de trabajo también contó con la participación de la Cámara Internacional de Industria del Transporte; Cámara de Transporte Urbano, Coordinadora de Empresarios de Gamarra, la Asociación Peruana de Farmacias, Asociación de Bodegueros del Perú, la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, la Federación Nacional de Trabajadores en Mercados del Perú, Ollas Comunes y Comedores Populares, así como voceros de las bancadas del Congreso.
