Minera afirma haber cumplido con las garantías y que ahora le corresponde al Estado.
La Dirección General de Minería (DGM), del Ministerio de Energía y Minas (Minem), ejecutó las garantías de la compañía minera Aruntani por US$10,3 millones para remediar la contaminación causada por sus actividades de extracción del yacimiento aurífero a tajo abierto Arasi, ubicado en la provincia puneña de Lampa.
De acuerdo al estudio del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), las labores mineras de Arasi alteraron la calidad del agua de las quebradas de Luchusani y Azufrini, así como en el río Chacapalca, en Puno. El organismo señaló que entre 2011 y 2019, Arasi registró 30 incidentes contaminantes, lo que derivó en la aplicación de multas por 802.88 UIT, por un valor aproximado a S/3 millones.
La minera Aruntani, propietaria del yacimiento aurífero de Arasi, estaba obligada a cumplir con un plan de cierres ambientales progresivo para de esta manera evitar la contaminación de los ríos aledaños. Pero no lo hizo, por lo que la Dirección General de Minería (DGM) decidió ejecutar las garantías de Aruntani por US$10,3 para remediar los daños. Este monto sería inferior, ya que el costo alcanzaría de los trabajos demandaría los US$265 millones (S/1,000 millones).
Pese a ello, la empresa Aruntani considera que con la ejecución de los US$10,3 millones de garantías destinadas a la remediación, es suficiente.
“Desde la ejecución de la fianza, la responsabilidad del cierre de minas recae exclusivamente en el Estado, que ha delegado formalmente estas tareas a la empresa estatal Activos Mineros S.A.C. (AMSAC). Así lo establece el artículo 61 del Reglamento de la Ley de Cierre de Minas que precisa con claridad que “hechas líquidas las garantías, la DGM encargará a una empresa especializada la ejecución de las obras del Plan de Cierre de Minas incumplido”, señalaron.
Sin embargo, pese a haber pagado las multas, y cumplido con las garantías, la Ley General del Ambiente establece claramente que el costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las acciones humanas, debe ser asumido por los causantes de dichos impactos.
De acuerdo a Aruntani, el Minem transfirió US$18,7 millones a AMSAC para remediar los daños en Arasi y Flor Tucari, la otra unidad minera que dañó los ríos Coralaque (Moquegua) y Tambo (Arequipa) por sus actividades de explotación auríferas. En el caso de Flor Tucari, Aruntani tampoco cumplió con los cierres progresivos y fue multada. Los hechos contaminantes en Arasi y Flor Tucari son muy similares.
Aruntani, que desde 2019 no procesa mineral, manifestó que no hay estudio que indique que la reparación de los daños ambientales costaría US$265 millones. Y sostienen que el Estado debe asumir los costos de la remediación de las zonas dañadas.
«Nuestra posición se sustenta citando el marco legal que la respalda, así como distintos instrumentos administrativos que están en la misma línea como el decreto supremo y la resolución ministerial emitidos en el 2022», puntualizan.
