Asiste Perú propone medidas inmediatas para agilizar procesos.
Las escuelas e institutos de educación superior que conforman Asiste Perú expresaron su preocupación ante la publicación del Decreto Legislativo 1676, emitido por el Ministerio de Educación. La norma extiende nuevamente los plazos para los procesos de licenciamiento, renovación de licencias y ampliación de la oferta educativa, permitiendo que los procedimientos se prolonguen hasta por un total de 200 días hábiles, un periodo que la asociación considera excesivo y perjudicial para el avance de la educación superior en el país.
«Es inaceptable que los plazos se sigan extendiendo sin que veamos mejoras significativas en el proceso. Estas dilaciones no solo afectan a nuestras instituciones, sino también a los miles de estudiantes que buscan una formación de calidad,» afirmó Andrés Oblitas, gerente general de Asiste Perú. El especialista señala que, a pesar de las extensiones que se han otorgado desde la promulgación de la Ley 30512 en 2016, solo el 15% de los institutos a nivel nacional ha logrado obtener el licenciamiento, lo que evidencia que estas medidas no han acelerado los resultados ni han mejorado el panorama.
Las escuelas e institutos de educación superior que conforman Asiste Perú atienden a más del 40% de los estudiantes de la educación superior tecnológica, artística y pedagógica del Perú, un sector clave para el desarrollo del país. Por ello, las instituciones proponen una serie de acciones inmediatas para corregir este rumbo, entre las cuales destaca el aumento del número de equipos profesionales encargados de los procesos de licenciamiento. “Actualmente, solo existen siete equipos en la DIGEST, lo cual resulta insuficiente para atender la demanda creciente de las instituciones educativas”, puntualizó Oblitas.
Para acelerar estos procesos, también se solicita la publicación inmediata de un nuevo reglamento que elimine los obstáculos innecesarios y optimice el trabajo de los equipos técnicos. “Esta normativa es contraria a lo mandado por el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que expresamente establece que los mismos deben respetar los principios de celeridad y simplicidad, debiendo ser sencillos y eliminarse toda complejidad innecesaria”, agregó el especialista.
La asociación también propone el desarrollo de un plan de revalorización de la educación superior tecnológica, artística y pedagógica, con el objetivo de resaltar la importancia de estas áreas en el crecimiento económico y social del Perú. Oblitas destacó que «es imperativo que el Estado y la sociedad reconozcan el papel fundamental que juegan estos sectores en la formación de profesionales clave para el desarrollo del país”.
El especialista resaltó que a través de este decreto el Estado tendría hasta 10 meses para otorgar la autorización a un instituto para operar. Esto ocurre en un contexto en que, a mayo de este año, había 985 institutos de educación superior en proceso de licenciamiento, de los cuales 656 eran privados y 329 eran públicos. Esta situación también retrasaría la expansión de sucursales tanto en Lima como en el interior del país y el desarrollo de nuevos programas educativos, ya que ambos requieren el visto verde de la autoridad, afectando los planes de la mitad de las 115 escuelas e institutos licenciados.
