Pese a que publicaron mensajes instando una adecuada lucha contra la delincuencia.
La crisis de inseguridad y la ola de extorsiones que ocasionaron la muerte de cuatro chóferes de transporte público lo que generó la paralización de trabajadores de este gremio, pidiendo al gobierno de Dina Boluarte medidas más efectivas para la lucha contra la delincuencia, muchos congresistas salieron a respaldarlos e incluso recibieron a los dirigentes en la sede de Palacio Legislativo.
Mediante sus redes sociales varias bancadas emitieron pronunciamientos pidiendo a la presidenta que lidere una adecuada lucha contra la delincuencia, además de la declaratoria de emergencia, los proyectos de ley que proponen cadena perpetua para extorsionadores y que tipifican el terrorismo urbano como delito no tardaron en presentarse.
Sin embargo, hubo otra propuesta que, pese a que intentaron omitirla, comenzó a resonar con fuerza en los últimos días, que se debata la modificación o derogatoria de la Ley N° 32108 del crimen organizado. Los principales cuestionamientos contra esta norma, además que entorpece y limita el trabajo del Ministerio Público y la PNP, es que excluye más de 50 delitos, entre los cuales está la extorsión.
Una vez más, las contrarreformas impulsadas por la mayoría de bancadas del Parlamento y aprobadas con la anuencia del Ejecutivo, juega en contra de la ciudadanía. Sin embargo, pese a que los congresistas públicamente mantienen un discurso de mano firme contra la delincuencia, en la junta de portavoces la historia es diferente.
Fuerza Popular emitió un comunicado el último 26 de setiembre, día en que los transportistas salieron a movilizarse y llegaron hasta el Congreso. En su mensaje, exigieron “mano dura y soluciones inmediatas” para restaurar la paz. El partido fujimorista proponía: promulgar una ley de terrorismo urbano y la salida de las Fuerzas Armadas.
Posterior a ello Rosangella Barbarán, en referencia a la Ley 32108, negó que se haya hecho para beneficiar a los delincuentes y las organizaciones criminales, pero tampoco consideró su derogatoria y prefirió responsabilizar a “los caviares” y a la migración extranjera del incremento de la inseguridad.
Cuando Eduardo Salhuana propuso en la junta de portavoces que se debata la modificatoria de esta ley, el representante del partido fujimorista, Arturo Alegría, se opuso.
Con Renovación Popular ocurrió lo mismo, pese a que anunciaron un “shock legislativo” de medidas para combatir la ola de extorsiones, además del terrorismo urbano, cadena perpetua y apoyo de las Fuerzas Armadas, no consideraron la modificatoria de la Ley de crimen organizado. Al contrario, Alejandro Muñante, señaló que esta norma es usada por los detractores del Congreso para responsabilizarlos por la crisis. En consecuencia, también voto en contra de agendar en el próximo pleno su debate.
La bancada de Honor y Democracia, tampoco apoyo que debata la norma, pese a que hasta proponen la pena de muerte para el delito de terrorismo urbano. Jorge Montoya señaló que la responsabilidad de la lucha contra la delincuencia corresponde al Ejecutivo y pidió que no se responsabilice al Congreso de todo lo malo que ocurre en el país.
