La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional anula medida de confiscación de propiedades de la Universidad Alas Peruanas por presunto lavado de activos. Irregularidades en el proceder del juez Víctor Zúñiga Urday llevan a la reversión de la decisión, dejando sin efecto la confiscación de bienes de la institución educativa.
Según el colegiado, encargado de evaluar la apelación, el juez Zúñiga no habría evaluado debidamente los argumentos presentados por el fiscal Wilson Salazar. En lugar de ello, se indica que el magistrado simplemente habría copiado los argumentos del fiscal para ordenar la confiscación de las propiedades de la Universidad Alas Peruanas (UAP), una incautación de bienes valorados aproximadamente en S/500 millones. Además, se señala que Zúñiga habría incurrido en inconducta funcional en el manejo del caso.
La medida de descerraje, allanamiento e incautación de los bienes de la UAP fue ejecutada el 11 de abril del 2023, luego de que Zúñiga la ordenara el 14 de marzo del mismo año. Sin embargo, la Sala de Apelaciones ha determinado que dicha medida carecía de los fundamentos legales necesarios, violando así la garantía fundamental de motivación de las resoluciones judiciales.
Ante esta situación, la resolución establece que los efectos de la medida deben retrotraerse al momento en que fue dictada, dejando sin efecto la confiscación de los bienes de la UAP. Esto implica que se deben restablecer las condiciones previas a la decisión del juez Zúñiga.
Tras la anulación de la medida por parte de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, la Universidad Alas Peruanas ha solicitado la inmediata devolución de las propiedades confiscadas, las cuales se encuentran bajo jurisdicción del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
Desde que el juez Víctor Zúñiga Urday ordenó la incautación de los bienes de la universidad, la defensa de la institución ha interpuesto diversas acciones para evitar que se concrete la acción judicial.
La casa de estudios argumentó que durante el periodo en el que Fidel Ramírez Prado, el exrector y exgerente de la UAP, junto con su familia controlaban la entidad, se produjo un millonario desfalco. Además, la actual administración que recuperó la conducción de la universidad siempre denunció que el patrimonio de la UAP fue afectado con sus presuntas actividades ilícitas de la familia Ramirez. Sin embargo, el fiscal del caso, Wilson Salazar Reque, involucró a la nueva administración de la universidad, que no tiene ningún vínculo con los Ramírez, y solicitó la incautación sin argumentos sólidos.
El fallo de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional destacó que el juez Zúñiga se limitó a reproducir los argumentos del fiscal Salazar, sin realizar una valoración propia de los hechos delictivos que permitiera inferir la existencia de indicios de criminalidad suficientes para justificar la incautación de los bienes de la UAP.
“Advertimos que los argumentos empleados por el juez (Víctor Zúñiga) resultan una copia idéntica de los mismos que se encuentran postulados en el requerimiento fiscal (Wilson Salazar)”, señala la Sala en el fallo.
Además de describir las anomalías en el proceso que llevó a la incautación de los bienes, la Sala cuestionó la actuación de Zúñiga, indicando que su falta de valoración propia constituye una inconducta funcional que atenta contra la garantía fundamental de la motivación de las resoluciones judiciales, afectando así los derechos fundamentales de los investigados.
Le piden a juez que “adecúe su conducta”
Adicionalmente, el fallo de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional recomendó contundentemente al juez Víctor Zúñiga Urday que adecúe su conducta de acuerdo a las disposiciones establecidas en la resolución respecto a la motivación de las resoluciones judiciales’
La resolución judicial que declara nula la orden de incautación del juez Víctor Zúñiga contra la UAP y otros fue la siguiente.
