Una adolescente con varios meses de gestación, sentada en una plaza de Caracas. El embarazo a adolescente a menudo conlleva el abandono de la escuela o convierte muy temprano a las mujeres en cabezas de hogares monoparentales, cercenando sus posibilidades de crecimiento personal y contribuyendo a prolongar la pobreza. Imagen: Avesa
CARACAS (Por Humbero Márquez / IPS) Cercadas por la pobreza, con apenas dos días de clases a la semana, y a menudo bajo el riesgo de un embarazo indeseado o ante la perspectiva de una migración incierta, las mujeres jóvenes y adolescentes descuellan entre las principales víctimas de la crisis que persiste en Venezuela.
“Sí, mi novio y yo distanciamos nuestras relaciones o por ejemplo él se retira antes de terminar el encuentro para no arriesgarme a quedar embarazada, y comprar anticonceptivos es caro, no siempre se puede”, contó a IPS Anita, de 22 años, estudiante de Informática, desde la ciudad centro-occidental de Barquisimeto.
Un paquete de tres preservativos (condones) cuesta al menos cuatro dólares, un mes de píldoras anticonceptivas más de 10, un dispositivo intrauterino sobre 40 (más el costo médico de su implantación), y en el país el salario mínimo es de cuatro dólares mensuales y el salario promedio apenas rebasa los 130.
Una encuesta de la Red de Mujeres Constructoras de Paz indicó en septiembre que 42 % de las venezolanas de entre 18 y 24 años no usa anticonceptivos, y una de las razones es su alto costo en relación con sus menguados ingresos.
“En vez de resultar la educación puerta de entrada al mercado de trabajo, el abandono de la escuela en edades muy jóvenes significa un riesgo muy alto de embarazo adolescente”: Luis Pedro España.
La Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa indicó tras un estudio en abril que solo tres de cada 10 mujeres en edad reproductiva utiliza métodos anticonceptivos en este país.
“La falta de anticonceptivos y de acceso a la salud sexual y reproductiva es muy preocupante en el caso de las adolescentes pobres, quienes más necesitan evitar un embarazo temprano que pueda alejarlas de las aulas”, dijo María Laura Chang, redactora del informe de la Red de Mujeres Constructoras de Paz.
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, durante una protesta contra abusos y agresiones sexuales. La violencia machista destaca en el contexto nacional de pobreza y de escaso acceso a recursos y educación sobre salud sexual y reproductiva. Imagen: Mairet Chourio / Efecto Cocuyo
La pobreza, omnipresente
Como resultado “se prolonga la feminización de la pobreza, al convertirse en jóvenes mujeres con más personas a su cargo y menos tiempo para dedicar a su bienestar económico, a su formación y mejoramiento personal”, agregó Chang en diálogo con IPS.
“Todos los grupos etarios están afectados por la pobreza, por la falta de ingresos y de oportunidades. Por la crisis educativa, las mujeres más expuestas a mayores riesgos son las adolescentes”, expuso a IPS el sociólogo Luis Pedro España, conductor de los estudios sobre la pobreza en la caraqueña Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).
La privada Ucab realiza cada año la Encuesta de Condiciones de Vida de los venezolanos (Encovi), que indica que en 2022 la pobreza por ingresos alcanzaba a 81,5 % de los 28,3 millones de habitantes, la pobreza extrema a 53,3 %, y la multidimensional (empleo, servicios, salud, educación e ingresos) a 50,5 %.
España destacó un impacto de la crisis educativa que atraviesa el país “porque en las escuelas solo se recibe a la población escolar dos veces por semana, lo que hace que las adolescentes tengan una propensión mayor a abandonarla”.
La reducción de cinco a solo dos días de clases a la semana en muchos escuelas e institutos públicos responde sobre todo a la falta de maestros, que han dejado las aulas –solo en el trienio 2019-2021 se fue la cuarta parte- debido a los bajos salarios, falta de transporte, deterioro de las infraestructuras y otros recursos, así como a la deserción del alumnado.
Una mayoría de mujeres participan en una jornada de inscripción en la privada Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. Los estudios universitarios son una vía para el desarrollo personal, pero los egresados, hombres y mujeres, resienten la falta de oportunidades debido a empleos mal pagados en medio de la crisis económica de Venezuela. Imagen: M. Sardá / El Ucabista
En el país hay, según cifras oficiales, 29 400 planteles de enseñanza, de los cuales 24 400 son públicos, con 6,4 millones de alumnos, y 5000 privados, con 1,2 millones de estudiantes. Cifras de universidades y de organizaciones civiles estiman la deserción escolar en cerca de 1,5 millones de alumnos en los últimos cinco años.
En la encuesta de la Red de Mujeres 58 % de las consultadas manifestó que el motivo principal por el cual faltan a clases es por la suspensión de las actividades por parte de la escuela.
Para las mujeres “en vez de resultar la educación puerta de entrada al mercado de trabajo, el abandono de la escuela en edades muy jóvenes significa un riesgo muy alto de embarazo adolescente”, subrayó España.
El experto dijo que “un elemento adicional que apunta a la pobreza es el de los hogares monoparentales que resultan del embarazo temprano y queda como cabeza del hogar una mujer joven y sin preparación suficiente para el trabajo, por lo que la pobreza se va a prolongar con facilidad en sus descendientes”.
Mujeres jóvenes atienden un puesto de venta ambulante en Caracas. Las jóvenes que desertan de la escuela también nutren las filas de la economía informal. Es parte del paisaje de pobreza en el que está inserta la mayoría de la población de Venezuela, tras una década marcada por el colapso económico, con una combinación de recesión e hiperinflación. Imagen: U. Montenegro / Venezuela Red.us
Decepción y violencia
Otra consecuencia es la decepción ante la merma de oportunidades incluso para las jóvenes que completan tres niveles de estudios, debido a la prolongada crisis económica, durante la cual por ejemplo las industrias se redujeron de 13 000 en 1999 a 2600 en 2020, según la patronal Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
En siete de los últimos 10 años hubo una recesión que redujo en cuatro quintas partes el producto interno bruto del país, y durante al menos tres años de hiperinflación se pulverizó el valor de la moneda y de los salarios y pensiones.
“He estudiado durante más de 18 años para terminar aplicando (concursando) para empleos en los que quieren pagarme 150 o cuando mucho 200 dólares mensuales. Con eso no puedo ni pagar el pasaporte (cuesta 216 dólares)”, comentó a IPS Mariela, recién graduada en Administración en una universidad privada.
Desde un sillón en el apartamento de clase media donde vive con sus padres, Mariela desgrana para IPS un memorial de agravios: cansada de tanto madrugar para ir a las aulas por el precario transporte público; en el país no hay buenos empleos; irse al exterior es arriesgado o impagable; la luz, el agua y la internet fallan en su casa varias horas casi todos los días.
Para colmo, “soy de las pocas que se inscribió en el Registro Electoral. Muchos de mis compañeros de estudios no. No les interesa participar en nada de política”, dijo Mariela que como otras jóvenes que brindaron su testimonio pidió no difundir su apellido.
En su encuesta de septiembre, la Red de Mujeres encontró que solo la mitad de las que tenían más de 18 (edad mínima para votar) y menos de 25 años estaban inscritas en el padrón electoral, e incluso algo menos estaban decididas a participar en la elección presidencial prevista para 2024.
De ese segmento etario, 19 % realizaba alguna actividad comunitaria, y 81 % ninguna. De estas últimas, 60 % mencionó como obstáculo la falta de estímulo económico, y 55 % la dificultad de transporte para desplazarse.
Otro tema que castiga a las jóvenes y adolescentes es la violencia contra las mujeres por razón de género.
De 237 feminicidios registrados en 2022 por el Observatorio Digital de Femicidios, de la oenegé Centro de Justicia y Paz, 69 correspondieron a mujeres entre 16 y 27 años.
En la encuesta de la Red, 38 % de encuestadas dijeron haber sido víctimas de violencia machista, sobre todo psicológica pero también física. De violencia económica se dijeron víctimas 24 % de las encuestadas tanto mayores como menores de 24 años.
Además, en el total de encuestadas 12 % dijeron haber sufrido violencia sexual, pero en el segmento de 18 a 24 años el porcentaje se duplicó, 24 %, lo que muestra que las jóvenes son más vulnerables a sufrir violencia de esa índole.
Unas jóvenes venezolanas descansan tras la peligrosa travesía de cruzar el tapón selvático de Darién, entre Colombia y Panamá. La migración ha marcado la vida de las familias venezolanas en la última década, en la que millones de habitantes han dejado el país. Imagen: Gema Cortés / OIM
Tiempo de migrar
Del país han migrado, sobre todo a partir de 2015, casi ocho millones de habitantes, según agencias de las Naciones Unidas. En 2018, indicó Encovi, 57 % de quienes migraban tenían entre 15 y 29 años, porcentaje que disminuyó a 42 % en 2022. Por cada 100 mujeres migrantes hay 116 varones.
Las personas migrantes y solicitantes de refugio o asilo son muy vulnerables a la trata y explotación sexual, y son venezolanas la mayoría de las víctimas de estas prácticas detectadas en países de la región como Colombia, Perú, Trinidad y Tobago o las vecinas islas neerlandesas del Caribe.
El año pasado organizaciones civiles dieron cuenta del rescate de 1390 personas venezolanas víctimas de ese tipo de delitos en el extranjero. Las jóvenes constituyen un segmento particularmente frágil y buscado por los traficantes –a menudo con engañosas ofertas de empleo- para someterlas a explotación sexual y laboral.
En la encuesta de la Red, 54 % de las jóvenes entre 18 y 25 años dijeron que algún miembro de su familia emigró: 23 % dijeron que fue su madre, su padre o ambos, y la mayoría indicó que tiene hermanos o hermanas migrantes.
El reporte que acompaña la encuesta destaca que para las jóvenes y adolescentes la separación de sus seres queridos tiene un impacto emocional significativo, y les hace enfrentar responsabilidades que no tenían, como cuidar a hermanos menores o atender nuevas tareas domésticas, con incidencia en su desarrollo personal.
El estudio de la red propone desarrollar programas y políticas desde el Estado dirigidas a superar las carencias en el segmento de jóvenes y adolescentes, servicios de apoyo a las víctimas de violencia de género, y apelar a la cooperación internacional para frenar las bandas dedicadas a la trata de personas.
España considera que “el fortalecimiento de la escuela es fundamental, para que las mujeres en las edades adolescente y joven no tengan hijos de manera prematura, puedan empoderarse, insertarse en el mercado laboral e independizarse, sin depender del mantenimiento paterno o de la pareja”.
“Lamentablemente no se están desarrollando políticas y medidas que puedan mitigar el inmenso daño que está haciendo la reducción de la jornada escolar”, concluyó.
