- En 2020, la OCDE propuso a Perú mejoras en el diseño de políticas públicas de conducta empresarial responsable, pero hasta la fecha el Gobierno no muestra avances en el 96% de las acciones recomendadas.
En el contexto de su misión de contribuir a diseñar políticas que favorezcan el bienestar de los ciudadanos y la pretensión de Perú de acceder a ella, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó el 2020 un informe recomendando medidas para mejorar las políticas peruanas en materia de conducta empresarial responsable (CER) a fin de promover una adecuación de la conducta de las empresas que operan en Perú a los estándares internacionales de esta organización.
Sus recomendaciones proponen implementar normas para detectar oportunamente violaciones de los derechos humanos en el ámbito laboral; políticas para combatir la informalidad; acciones para fomentar el empleo decente; asistencia técnica al sector empresarial -tanto privado como público- y avances en la implementación de mecanismos de debida diligencia, entre otras.
Según un reciente informe del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD (que es parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos) sobre el cumplimiento de estas recomendaciones, sólo 2 de las 45 acciones recomendadas fueron reportadas por el Estado peruano, existiendo otras acciones que se señala que están aún en proceso de implementación, pero de las cuales se carecen reportes.
Cabe comentar que nuestro país cuenta con un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) 2021-2025, cuyo objeto es implementar en nuestro país los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, operacionalizando los Principios Rectores de las Naciones Unidas en este ámbito, así como las Directrices de la OCDE en la materia, único modo de que nuestro país pueda mostrar que las empresas que operan en Perú, públicas y privadas, respeten los derechos humanos en el contexto de sus actividades.
El PNA incorporó las recomendaciones de la OCDE en la planificación de sus acciones, sin embargo su implementación ha sido significativamente limitada. En particular si se tiene en cuenta que ya han transcurrido más de dos años desde la aprobación de este vía el Decreto Supremo Nº 09-2021-JUS de junio del 2023, y más de tres años desde la publicación del informe de la OCDE mencionado.
Según Perú EQUIDAD, nuestro estudio revela un sorprendente desinterés del Estado por implementar las acciones del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA), lo cual contrasta con su declarado interés de que nuestro país forme parte de la OCDE. Sobre todo porque no se reportan avances ni se han implementado estrategias para su cumplimiento”, advirtió Enrique Fernández-Maldonado responsable del Programa de Empresas y Derechos Humanos de Perú Equidad, organización que elaboró el estudio.
El informe será entregado al representante de la OCDE que se encuentra de visita oficial en nuestro país, quien se reunirá estos días con instituciones públicas peruanas y otros actores sociales para verificar, precisamente, el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la OCDE en el ámbito de los derechos humanos y empresas, aspecto crítico en la ruta para que el Perú forme parte de este foro importante económico.
