La disponibilidad de medicamentos se afecta en los países objeto de sanciones internacionales. La relatora sobre la materia en el Consejo de Derechos Humanos subraya que el mayor perjuicio de esas medidas unilaterales recae sobre las poblaciones de los países sancionados. Imagen: Simone McCourtie / BM
GINEBRA (Por Corresponsal de IPS) Las sanciones unilaterales y su cumplimiento excesivo perjudican el ejercicio del derecho a la salud, destacó en un nuevo informe este viernes 15 la relatora especial sobre la materia nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Alena Douhan.
“El uso creciente de sanciones secundarias, así como sanciones civiles y penales por presunta elusión de regímenes de sanciones, tiene graves implicaciones negativas para los derechos humanos de las personas que viven en países sancionados, incluido el de una atención sanitaria adecuada y oportuna”, dijo Douhan.
La relatora sostuvo que las sanciones nunca deben afectar el funcionamiento de infraestructura para la atención médica, la alimentación, la agricultura, la electricidad, el suministro de agua, el riego, el saneamiento, las semillas y los fertilizantes.
Todos los sistemas de salud son muy vulnerables a estas medidas coercitivas, dijo la también docente en la Universidad Estatal de Bielorrusia.
Rusia es el país más sancionado, con 14 000 medidas restrictivas, la mayoría impuestas desde su invasión a Ucrania en febrero de 2022.
Sobre Irán pesan más de 3600 sanciones, Siria carga con 2600, Corea del Norte con 2000, Venezuela con unas 700, Myanmar más de 500 y Cuba más de 200.
La inmensa mayoría de esas sanciones se dirigen a individuos y poco más de 2000 a entidades que son agencias o empresas de los gobiernos. La mayor parte las imponen Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, Canadá y el Reino Unido.
Douhan subrayó los efectos negativos del cumplimiento excesivo de las sanciones unilaterales por parte de los sectores empresarial y financiero, que complican la adquisición y entrega de medicamentos, equipos médicos y otros suministros humanitarios exentos de cualquier clase de restricción.
Como ejemplo de estas afectaciones citó los casos de Venezuela, Zimbabue, Siria, Irán, Somalia y Yemen, que no pueden administrar las vacunas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque no se las venden.
Dijo que durante el período 2016-2018, en Venezuela se dejó de vacunar a unos 2,6 millones de niños. En Siria, la vacunación infantil cayó de 95 % a 60 % entre 2006 y 2022.
Asimismo citó los efectos psicológicos, especialmente en los jóvenes, de la “pérdida de esperanza” debida a la dramática situación económica, la falta de empleo, alimentos y medicinas en países como Siria o Cuba.
“La desilusión y el sufrimiento psicológico se ven agravados también por la falta de medicamentos especializados, incluso para afecciones de salud mental, depresión posparto y otros tipos de depresión, trastorno de ansiedad-depresión, conductas y pensamientos suicidas, autolesiones y otras afecciones”, abundó Douhan.
Cuestionó la eficacia de las exenciones, excepciones y suspensiones humanitarias, debido a la naturaleza compleja de los regímenes de sanciones, procedimientos de autorización onerosos y poco claros, restricciones financieras y el temor a la responsabilidad civil o penal por presuntas violaciones de regímenes de sanciones.
El impacto de las sanciones, según Douhan, se extiende a una amplia gama de cuestiones relacionadas con la salud, como el desarrollo de infraestructuras e instalaciones adecuadas; la escasez de trabajadores sanitarios y las limitadas oportunidades para su formación en los países sancionados.
También a obstáculos para acceder y desarrollar la ciencia, el conocimiento y la investigación, así como prevención y control de enfermedades, nuevas tecnologías y software.
Además, dijo en su exposición ante el Consejo en esta ciudad suiza, afecta todos los servicios clave para la salud, entre ellos el acceso al agua potable y saneamiento, la seguridad alimentaria, y un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
Finalmente indicó que la imposición y aplicación de sanciones unilaterales y políticas violan numerosos tratados internacionales, incluidas normas derivadas de la Carta de las Naciones Unidas, leyes de derechos humanos y convenios como los laborales o de seguridad y salud.
