El Ministerio Público inició la recopilación de antecedentes contra el expresidente y su exvicepresidente Álvaro García Linera por presuntos asesinatos, torturas y privaciones ilegales de libertad relacionados con el operativo del Hotel Las Américas, ocurrido en 2009.
La Fiscalía General del Estado de Bolivia inició la recopilación de antecedentes para un eventual juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, por los hechos relacionados con el denominado caso “terrorismo”, ocurrido durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
El Ministerio Público informó el lunes 12 de octubre de 2026 que comenzó la fase de acumulación de antecedentes, luego de admitir una proposición acusatoria presentada por legisladores de la alianza opositora Libre, vinculada al expresidente Jorge Tuto Quiroga. La denuncia atribuye a ambas exautoridades presuntos delitos de asesinato, vejaciones y torturas, y privación de libertad.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, precisó que el procedimiento se encuentra en una etapa inicial y que la Fiscalía dispone de hasta 30 días para reunir los antecedentes. Si encuentra elementos que justifiquen continuar, deberá presentar el requerimiento correspondiente ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que solicitará autorización a la Asamblea Legislativa para abrir el juicio de responsabilidades.
El antecedente del Hotel Las Américas
La acusación está vinculada con el operativo policial del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra. Durante la intervención murieron tres extranjeros: el irlandés Michael Dwyer, el boliviano-húngaro Arpád Magyarosi y el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores. Además, fueron detenidos Mario Tadic y Elöd Tóásó.
En ese momento, el Gobierno de Morales sostuvo que el grupo integraba una organización armada que buscaba separar Santa Cruz de Bolivia y atentar contra el entonces mandatario. Posteriormente, familiares de las víctimas y sobrevivientes denunciaron ejecuciones extrajudiciales y vulneraciones de derechos fundamentales.
En 2020, la investigación penal fue cerrada después de que se retiraran las acusaciones contra los procesados que aún enfrentaban el caso. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en un informe de 2022 que el Estado boliviano era responsable de violaciones de derechos humanos contra las personas afectadas.
La nueva iniciativa judicial deberá superar las etapas legales correspondientes antes de que pueda concretarse un juicio. Hasta entonces, las acusaciones contra Morales y García Linera no constituyen una declaración de culpabilidad.
