La medida alcanza a las ocho provincias de la región y tendrá una vigencia de 60 días. Las autoridades deberán ejecutar acciones para reducir el riesgo ante posibles precipitaciones intensas, huaicos e inundaciones.
El Gobierno declaró en estado de emergencia a 81 distritos de las ocho provincias de Arequipa ante el peligro inminente generado por intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, publicado el 1 de septiembre, y tendrá una vigencia de 60 días calendario.
La provincia de Arequipa concentra el mayor número de distritos incluidos, con 23, seguida de Castilla con 12 y Caylloma con 10. La Unión comprende nueve distritos, mientras que Caravelí y Condesuyos cuentan con ocho cada una. Camaná suma siete y la provincia de Islay registra cuatro.
Entre los distritos de la provincia de Arequipa considerados en la declaratoria figuran Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Characato, Chiguata, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, La Joya, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Polobaya, Sabandía, Sachaca, San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Vítor, Yanahuara y Yura, entre otros.
La declaratoria responde a los informes técnicos elaborados por entidades como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y la Comisión Multisectorial del Fenómeno El Niño (Enfen). Estos documentos advierten sobre la exposición de diversas jurisdicciones a lluvias intensas durante el periodo previsto.
Durante los 60 días de emergencia, el Gobierno Regional de Arequipa y las municipalidades involucradas deberán implementar medidas inmediatas para reducir el muy alto riesgo existente y ejecutar acciones de preparación, respuesta y rehabilitación.
Indeci tendrá a su cargo la coordinación técnica y el seguimiento de las intervenciones, mientras que diversos ministerios participarán de acuerdo con sus competencias. La norma establece que las acciones deberán estar directamente relacionadas con el peligro identificado y sustentarse en evaluaciones técnicas.
La medida busca que las autoridades aceleren los trabajos preventivos antes del periodo de mayor incidencia de lluvias y reduzcan la vulnerabilidad de la población y de la infraestructura regional.