La propuesta busca ajustar las sanciones bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Los cambios alcanzarían a servicios de transporte regular, taxi, turístico, de trabajadores y de estudiantes.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) planteó reducir las multas correspondientes a 41 infracciones muy graves cometidas en los servicios de transporte regular y especial. La propuesta fue prepublicada este miércoles 2 de septiembre mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 205-2026-ATU/PE, con el objetivo de recibir comentarios de la ciudadanía antes de su eventual aprobación.
Del total de infracciones contempladas, 16 corresponden al transporte regular, siete al servicio de taxi, seis al transporte turístico, seis al transporte de trabajadores y seis al transporte de estudiantes. La iniciativa plantea modificar las tablas de sanciones para adecuar los montos a la naturaleza de cada conducta.
De aprobarse el proyecto, determinadas multas que actualmente alcanzan 1, 2 o 4 UIT pasarían a tener valores de 0.5, 0.75, 1 o 1.5 UIT, dependiendo de la infracción. La ATU sostiene que el reajuste busca preservar el carácter disuasivo de las sanciones, pero evitando que las consecuencias económicas sean mayores a las necesarias para cumplir su finalidad preventiva.
La propuesta responde a las disposiciones establecidas por el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC, que estableció un régimen excepcional para el pago de multas y ordenó adecuaciones en los sistemas sancionadores del transporte.
La entidad aclaró que la reducción propuesta no significa eliminar las sanciones contra conductas consideradas de alto riesgo. Continuarán como infracciones muy graves, entre otras, prestar el servicio sin autorización, operar en una modalidad distinta a la permitida, agredir a fiscalizadores o usuarios, obstruir labores de fiscalización, conducir bajo efectos del alcohol o drogas y prestar el servicio sin SOAT o CAT vigente.
Asimismo, las infracciones graves y leves no serían modificadas mediante esta propuesta.
La ATU otorgó un plazo de 15 días calendario para que entidades públicas, privadas y ciudadanos presenten comentarios, aportes u opiniones sobre el proyecto. Los interesados pueden remitir sus observaciones a la entidad durante dicho periodo.
