Entre enero y junio de 2026 se registraron 496.156 multas por infracciones de tránsito en Lima, por un monto total de S/201,9 millones, según información del Portal de Datos Abiertos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima. La cifra vuelve a poner en debate la efectividad de las sanciones y los mecanismos de descuento aplicados a los infractores.
El diputado Luis Quispe Candia, presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados, cuestionó la decisión del Ejecutivo de permitir reducciones de hasta 90% en determinadas multas de tránsito y transporte. A su juicio, esta medida podría debilitar el efecto disuasivo de las sanciones y generar la percepción de que incumplir las normas puede terminar siendo beneficioso.
Los datos del SAT muestran que las multas graves sumaron 117.342 sanciones entre enero y junio, valorizadas en S/55,8 millones. De este grupo, 80.047 fueron pagadas. Sin embargo, los descuentos aplicados alcanzaron S/28,5 millones, por lo que finalmente se recaudaron S/8,46 millones.
En el caso de las infracciones leves, se registraron 348.558 multas por S/91,63 millones. De ellas, 256.510 fueron pagadas y los descuentos alcanzaron S/50,78 millones. El monto efectivamente cancelado fue de S/14,90 millones.
Las infracciones muy graves tuvieron un comportamiento diferente. Durante el mismo periodo se registraron 30.256 sanciones valorizadas en S/54,46 millones, aunque solo 9.887 fueron pagadas. En este grupo, los descuentos alcanzaron S/1,99 millones y el pago efectivo llegó a S/7,41 millones.
Para Quispe Candia, el problema no se limita al monto de las multas, sino a su capacidad para modificar la conducta de los conductores. El legislador sostiene que reducir considerablemente las sanciones puede generar la expectativa de futuras condonaciones o descuentos y, con ello, incentivar la reincidencia.
El diputado también cuestionó que quienes cumplen oportunamente con el pago de sus papeletas no reciban un beneficio comparable al de quienes esperan para acogerse a reducciones. Además, consideró que estas medidas no resuelven problemas estructurales como la congestión vehicular, los accidentes de tránsito y las dificultades del transporte público.
No obstante, Quispe destacó que algunas infracciones muy graves quedaron excluidas del beneficio de reducción, entre ellas las relacionadas con conducir en estado de ebriedad y manejar sin licencia.
Como alternativa, el legislador planteó la creación de juzgados administrativos especializados en tránsito que permitan revisar las papeletas de manera independiente. La propuesta busca que los conductores puedan presentar sus argumentos y, al mismo tiempo, que se evalúe si la actuación del policía o inspector que impuso la sanción fue correcta.
Según Quispe, este mecanismo permitiría garantizar el debido proceso sin eliminar la responsabilidad de quienes efectivamente incumplen las normas. La iniciativa surge también ante los casos en los que los procedimientos administrativos se prolongan durante años y terminan dificultando el cobro de las sanciones.
El legislador informó además que su comisión buscará reunirse con el ministro de Transportes, Rafael Rey, para conocer los alcances del régimen excepcional de reducción de multas y formular observaciones a la medida. Por el momento, descartó promover una interpelación contra el titular del MTC por este asunto.
El debate se desarrolla en un contexto en el que los descuentos ya representaban una reducción importante del monto efectivamente recaudado. Durante el primer semestre de 2026, los mecanismos existentes redujeron en S/81,28 millones el monto emitido de las multas que fueron pagadas.
La discusión sobre las papeletas vuelve así a plantear una pregunta central: si las sanciones económicas están cumpliendo realmente su objetivo de mejorar el comportamiento de los conductores. Para Quispe, más allá de aumentar o reducir las multas, es necesario revisar integralmente el sistema de fiscalización, sanción y transporte para conseguir una mayor seguridad vial.
