Las mermas injustificadas, el robo gradual de inventarios y las operaciones que esquivan los controles pueden permanecer ocultas durante meses. El desafío para las compañías es detectar patrones antes de que el daño financiero y reputacional se vuelva mayor.
El fraude ocupacional no siempre comienza con una operación millonaria. En muchas organizaciones puede aparecer como pequeñas pérdidas de inventario, gastos irregulares o transacciones repetitivas que, individualmente, no superan los límites de control, pero que acumuladas terminan generando un impacto considerable.
El riesgo merece atención. El más reciente estudio de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), que analiza 2.402 casos reales en 143 países y territorios, confirma que el fraude ocupacional continúa siendo un problema global. En América Latina y el Caribe, el reporte de 2024 registró una pérdida mediana de US$250.000 por caso, la más alta entre las regiones analizadas en esa edición.
El problema es que los controles tradicionales pueden concentrarse demasiado en montos elevados. Allí aparece una de las principales vulnerabilidades: una persona que conoce profundamente un proceso puede identificar qué operaciones serán revisadas y aprovechar los espacios menos vigilados.
La experiencia internacional demuestra además que la ausencia de alertas no equivale a ausencia de fraude. El informe de ACFE 2024 encontró que la apropiación indebida de activos fue el esquema más frecuente, presente en 86% de los casos, mientras que más de la mitad de los fraudes estuvieron relacionados con ausencia o vulneración de controles internos.
En ese escenario, la tecnología adquiere un papel estratégico. EY Perú señala que el análisis de datos permite identificar operaciones inusuales y monitorear riesgos de fraude de manera más oportuna. La lógica cambia: ya no se trata solamente de revisar lo ocurrido, sino de encontrar patrones que anticipen conductas irregulares.
Finalmente, la tecnología no reemplaza la cultura organizacional. Los canales de denuncia también son determinantes: en el estudio de ACFE, las alertas fueron el principal mecanismo de detección, representando 43% de los casos, y más de la mitad provinieron de empleados.
