El Ministerio de Economía y Finanzas revisará el impacto de eventuales modificaciones al régimen laboral relacionadas con beneficios como gratificaciones, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y aportes previsionales. El objetivo es equilibrar la protección de los trabajadores con la sostenibilidad fiscal y la generación de empleo.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que evaluará posibles ajustes al régimen laboral peruano, incluyendo aspectos vinculados a las gratificaciones, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y los aportes al sistema de pensiones. La revisión forma parte de una agenda orientada a modernizar las normas laborales y analizar su impacto sobre la competitividad, el empleo formal y las finanzas públicas.
La evaluación se produce en un contexto en el que el Ejecutivo viene implementando cambios para los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). En julio de este año se aprobó el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF, que regula la incorporación progresiva de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como de la CTS para este grupo de trabajadores del sector público. La implementación será gradual hasta alcanzar el equivalente a una remuneración mensual en 2030.
Desde el MEF se ha reiterado que cualquier modificación en materia laboral debe considerar la sostenibilidad de las cuentas fiscales y evitar que los nuevos beneficios generen desequilibrios presupuestarios. En ese sentido, la cartera económica sostiene que la progresividad es un criterio clave para ampliar derechos sin afectar la capacidad del Estado para financiar otros servicios públicos.
Especialistas consideran que el debate también debería abordar el sistema previsional, debido a los desafíos que enfrenta el país por la alta informalidad laboral y la baja cobertura de pensiones. Una eventual revisión de los aportes buscaría fortalecer la protección de los trabajadores durante su etapa de jubilación, sin incrementar excesivamente los costos laborales para empleadores y entidades públicas.
Finalmente, el análisis del nuevo régimen laboral podría involucrar el diálogo con organizaciones empresariales, sindicatos y expertos en políticas públicas antes de definir una propuesta concreta.
