La diputada Catherin Palomino, de la bancada de Juntos por el Perú, impulsa una iniciativa que busca eliminar siete normas aprobadas por el anterior Congreso, al considerar que debilitaron la lucha contra el crimen organizado y limitaron la labor de fiscales y policías.
JP presentó el primer proyecto de ley del nuevo Congreso bicameral con el objetivo de derogar un conjunto de normas conocidas por diversos sectores como “leyes procrimen”. La iniciativa, impulsada por la diputada Catherin Palomino, plantea dejar sin efecto siete reformas legislativas que, según sostiene, redujeron la capacidad del Estado para combatir a las organizaciones criminales y favorecieron escenarios de impunidad.
El proyecto, denominado “Ley que deroga diversas reformas legislativas que han generado retrocesos normativos en la lucha contra el crimen organizado”, consta de 33 páginas y propone restituir el marco legal vigente antes de la aprobación de esas modificaciones. De acuerdo con la legisladora, las reformas cuestionadas limitaron herramientas de investigación utilizadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, afectando procesos vinculados con extorsión, sicariato, lavado de activos y otros delitos complejos.
Entre las normas que busca derogar figuran aquellas relacionadas con la definición de organización criminal, la colaboración eficaz, la prescripción de delitos y otras modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal que fueron objeto de críticas por parte de fiscales, jueces y especialistas en seguridad ciudadana. Los detractores de estas leyes sostienen que dificultan las investigaciones y benefician a personas vinculadas a redes delictivas.
Finalmente, el proyecto deberá ser evaluado por las comisiones correspondientes antes de ser debatido en el Pleno del Congreso. Su discusión promete generar un intenso debate político, pues mientras algunos sectores respaldan la derogación de estas normas, otros sostienen que las reformas introducidas buscaban garantizar un mayor equilibrio entre la persecución penal y el respeto a los derechos fundamentales.
