El oficial de la Fuerza Aérea del Perú es investigado por el presunto delito de peculado de uso tras ser intervenido cuando, presuntamente, utilizaba una unidad del Estado para asistir a una reunión social.
El comandante de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Manuel Rodríguez Barrera, y su chofer fueron detenidos en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, por el presunto uso indebido de un vehículo oficial del Estado. La intervención fue realizada por agentes del Departamento Desconcentrado contra la Corrupción, quienes investigan un posible caso de peculado de uso, delito que sanciona el empleo de bienes públicos para fines particulares.
De acuerdo con el acta policial, los efectivos detectaron que una camioneta oficial perteneciente al Grupo Aéreo N.° 6 permanecía estacionada en los exteriores de una discoteca ubicada en la urbanización Santa Victoria. Durante la diligencia identificaron al conductor del vehículo, Miguel Cabrejos, quien se encontraba a cargo de la unidad asignada a la institución militar.
Posteriormente, los agentes ingresaron al establecimiento y encontraron al comandante Rodríguez Barrera compartiendo con un grupo de personas en una reunión social. Al no existir una justificación relacionada con funciones oficiales para el uso del vehículo institucional, tanto el oficial como su conductor fueron intervenidos y trasladados para las investigaciones correspondientes.
El Ministerio Público asumió las diligencias para determinar si se configuró el delito de peculado de uso, figura contemplada en la legislación peruana cuando un funcionario utiliza bienes del Estado en beneficio propio o para actividades ajenas al servicio público. Durante la investigación se recopilarán las actas policiales, registros de desplazamiento del vehículo y demás elementos de prueba que permitan esclarecer los hechos.
Hasta el momento, la Fuerza Aérea del Perú no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. La investigación continúa bajo la conducción de las autoridades competentes, mientras se determina la eventual responsabilidad penal y administrativa de los involucrados.
