Antero Flores-Araoz cuestiona el crecimiento de las asesorías y consultorías en el sector público y plantea establecer límites claros para evitar gastos innecesarios y proteger los recursos destinados a servicios esenciales.
Durante años, los ciudadanos se han acostumbrado a leer en El Peruano el nombramiento de asesores para ministros, viceministros, secretarios generales y diversas jefaturas del Estado. Si bien determinadas autoridades requieren apoyo especializado, el crecimiento de estas contrataciones plantea una pregunta inevitable: ¿cuántas asesorías son realmente necesarias?
La preocupación cobra especial relevancia frente al compromiso anunciado por la Presidencia de la República de eliminar trámites y requisitos innecesarios. Muchos procedimientos administrativos, en efecto, terminan justificando puestos y asesorías cuya utilidad no siempre resulta evidente.
La contratación de asesores puede ser razonable cuando responde a una necesidad técnica concreta. Sin embargo, resulta cuestionable que se convierta en una práctica generalizada, especialmente cuando existen funcionarios cuyas responsabilidades ya comprenden la gestión y dirección de sus respectivas áreas. En esos casos, el uso de recursos públicos puede generar dudas sobre su verdadera finalidad.
El problema se extiende también a las consultorías, que en ocasiones son percibidas como mecanismos para compensar apoyos políticos o electorales. Si los recursos utilizados provienen del presupuesto público, el costo finalmente lo asumen todos los contribuyentes. Cada gasto innecesario significa, además, menos posibilidades de destinar recursos a prioridades como educación, salud e infraestructura.
Por ello, sería conveniente establecer criterios específicos y límites para la contratación de asesores en cada nivel de la administración pública. La Ley del Servicio Civil establece requisitos para los funcionarios, pero también debería existir mayor claridad respecto de cuándo corresponde contar con asesoría y cuál debe ser su número máximo.
La fiscalización de estas prácticas requiere especial atención. Si el Congreso no logra ejercerla adecuadamente por enfrentar situaciones similares, corresponde fortalecer el control de la Contraloría General de la República. El objetivo no debe ser eliminar la asesoría necesaria, sino impedir que el erario financie puestos cuya utilidad no pueda justificarse.
