El sector pide al Gobierno atender la creciente inseguridad que afecta sus operaciones y advierte que la ola de extorsiones pone en riesgo el trabajo y la seguridad de miles de transportistas.
El gremio de transporte interprovincial pidió al Gobierno ser escuchado ante el incremento de las extorsiones que vienen afectando al sector y que generan preocupación entre empresarios, conductores y trabajadores.
Los representantes del transporte señalaron que la inseguridad no solo representa una amenaza para quienes trabajan en las carreteras, sino que también puede afectar la continuidad del servicio y la economía de las familias que dependen directamente de esta actividad.
Frente a esta situación, el sector solicitó que las autoridades adopten medidas concretas para enfrentar a las organizaciones dedicadas a la extorsión y garantizar condiciones mínimas de seguridad para desarrollar sus labores.
Los transportistas remarcaron que detrás de cada trabajador existe una familia que depende de sus ingresos y que la violencia termina afectando a toda la cadena vinculada al transporte interprovincial.
Asimismo, hicieron un llamado a establecer canales de diálogo con el Gobierno para plantear sus preocupaciones y buscar soluciones que permitan enfrentar la inseguridad sin poner en riesgo el servicio que brindan a miles de pasajeros.
La problemática de las extorsiones se ha convertido en uno de los principales reclamos de distintos sectores económicos, debido a las amenazas, cobros ilegales y ataques que pueden generar pérdidas económicas y temor entre los trabajadores.
